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En las semanas previas al comienzo de clases, en centenares de escuelas y colegios hubo muchas actividades para ayudar a refaccionar los locales, reparar y pintar pizarrones y pupitres, arreglar las canchas de deportes y restaurar los cercos. Docentes y padres de familia tuvieron que poner el hombro porque el Estado estuvo presente en muy pocos centros educativos.
Un peligroso enemigo de los locales escolares son las termitas, pues debido al abandono, estos bichitos van comiendo las vigas de los techos, las ventanas y los pizarrones de madera. Debido a la acción del kupi’i, muchos niños soportaron la caída de las tejas sobre sus cabezas.
Existe una lista de 13 instituciones oficiales de Asunción en alto riesgo, según un estudio de la Facultad de Ingeniería UNA. Son 3.900 los establecimientos en estado crítico en todo el país. De estos, 2.500 son los que necesitan con urgencia reparaciones estructurales. El Ministerio de Educación y Cultura conoce esta situación, pero sus autoridades afirman que los fondos disponibles son notoriamente insuficientes para enfrentar tantos problemas edilicios.
La situación no sería tan desastrosa si los presupuestos disponibles se utilizasen debidamente. Cada año, hay miles de millones de guaraníes que provienen de los royalties de Itaipú y de Yacyretá destinados precisamente al mejoramiento del sistema educativo paraguayo. El problema es, como siempre, que gran parte de esos fondos jamás llegan al destino pues se desvían a los bolsillos o a otros intereses de los intendentes y de los gobernadores encargados de administrarlos.
Entonces, la solución no es simplemente destinar más dinero del Estado a la educación. Eso, de por sí, ya es difícil en un Ministerio de Hacienda acosado por múltiples peticiones de incrementos presupuestarios. El problema mayor es la deshonestidad y la corrupción de las autoridades que manejan la plata dirigida al mantenimiento edilicio y la construcción y equipamiento de los locales escolares.
Ante este panorama, no queda más opción que recurrir a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que, supletoriamente, actúen como fiscales controladores en el uso de los fondos previstos para la educación. En cada ciudad y en cada distrito rural, de alguna manera los padres y docentes deben organizarse e involucrarse en el manejo de los recursos del Fonacide y de los royalties para que los gobernadores y los intendentes cumplan correctamente con sus obligaciones. Apoyar a los funcionarios honestos y denunciar con fuerza a los corruptos.
Los chicos deben estar contentos y deseosos de ir al colegio. Los mayores tenemos la obligación moral de evitar que tengan miedo de que se les caiga el techo encima. Seamos exigentes con nuestras autoridades y con nosotros mismos.
ilde@abc.com.py