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La historia se repite cada vez que se pretende discutir cuál es la hoja de ruta óptima para mejorar nuestro futuro. Repasando el proceso asociado a la reforma, conformamos la Comisión Tributaria y la Comisión del Gasto Público, para acordar las propuestas que presentaremos al Congreso. Desde el Poder Ejecutivo nos interesa establecer un diálogo participativo para un conjunto de reformas, priorizando la salud y la educación como pilares fundamentales, como parte de un sistema fiscal más equitativo. La Comisión del Gasto Público tiene como objetivo fomentar la participación de diversos sectores para mejorar el sistema de compras públicas y la estructura salarial del sector público, como también diseñar un sistema eficiente de protección social. Dicha Comisión ya ha recibido el primer informe sobre la optimización de las compras públicas y trabajará a lo largo del año en curso elaborando propuestas aplicables para el ejercicio fiscal del 2020.
En cuanto al financiamiento requerido para incrementar los años de escolaridad de la población menor de 18 años, un estudio de Acevedo, O’Connell y Szekely establece que requerimos de una inversión adicional en el orden del 2,8% del PIB. La misma problemática existe en el caso de la salud, donde hoy invertimos 3,3% del PIB pero requerimos una inversión del 6% del PIB para lograr brindar servicios de calidad. Si sumamos tan solo las inversiones en educación y salud requerimos un aumento adicional del 5,5% del PIB. Considerando las necesidades existentes, ¿de dónde saldrán los recursos para las reformas sociales que urgen en nuestro país? Mejorar el gasto sería una opción con la cual estamos comprometidos. De acuerdo a un informe del BID, el mal gasto en Paraguay es de aproximadamente 4% del PIB. El mismo informe señala que en Chile esta cifra es cercana al 2,5%, en Perú el 2,9%. Si llegásemos a los niveles de los países con mayor eficiencia en la región, generaríamos entre 1% y 1,5% del PIB, que serían aproximadamente 400-600 millones de dólares adicionales. Implementando mecanismos para combatir el contrabando y la informalidad recaudaríamos 1% del PIB. Sumando estas mejoras en eficiencia del gasto, llegaríamos a un 2,5% del PIB. Adicionalmente, la reforma tributaria que estamos planteando podría generar aproximadamente 1% del PIB adicional en el mediano plazo.
Todas estas medidas llevarían a un 3,5% del PIB en los próximos años, asumiendo un gran nivel de eficiencia. En conclusión, la reforma de la que estamos hablando podría financiar tan solo una proporción de las necesidades, que no son las únicas que tiene el Estado. Pero, es el inicio de la construcción de un futuro mejor con mayor bienestar para la gente. Es nuestro mayor deseo dejar instalado un sistema tributario más equitativo, simplificado y armónico, que resguarde la competitividad, donde el órgano recaudador cuente con los recursos para monitorear la aplicación de los fondos y ejercer sanciones justas. Estamos ideando un sistema de blindaje para que los ingresos adicionales se asignen a políticas sociales de alto impacto y a inversiones de infraestructura. Impulsemos juntos estos cambios, lo cual dará muestra de nuestra madurez como sociedad. ¡Cambiemos la historia en lugar de repetirla!
(*) Ministro de Hacienda