El 3 de julio último el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley de “autoblindaje”, el cual tenía como fin principal evitar inconstitucionalmente que más parlamentarios sigan siendo expulsados de sus bancas.
Dicha iniciativa legislativa pretendía elevar la cantidad de votos necesarios para que un parlamentario pueda perder su investidura: de 13 votos (mayoría simple) a 23 en el Senado, de un total de 45; y de 22 votos a 41 en Diputados, de un total de 80.
Pero la Constitución Nacional no establece una cantidad específica de votos para las expulsiones, por tanto se utiliza la regla general, que señala la mitad más uno de los presentes.
El veto del Ejecutivo llegó a Diputados y esta cámara se mantuvo, el 17 de julio último, en el proyecto de ley de “autoblindaje”. Pero el Senado aceptó la objeción del Poder Ejecutivo y remitió el proyecto al archivo el 12 de septiembre pasado.
La mayoría de los diputados ponían como excusa que tenía que definirse primeramente el tratamiento del veto en ambas cámaras para estudiar posteriormente los tres pedidos de pérdida de investidura que “duermen” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Derlis Maidana (ANR, cartista), representante del departamento de Misiones.
En el freezer
Pese a la insistencia de un sector de la oposición, que es minoritaria, el presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), no impulsa en la sesión plenaria el análisis de los tres pedidos de expulsión de sus colegas, porque no quiere exponer públicamente a quienes voten por la impunidad, ya que pueden aparecer sus nombres y fotos en los diarios con la consecuente reproducción en las redes sociales.
Por ese motivo, las tres solicitudes, que pesan contra los colorados Tomás Rivas (cartista) y Ulises Quintana (Añetete) y el liberal efrainista Carlos Portillo, están en el freezer en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Caso por caso
El diputado por Paraguarí Tomás Fidelino “Ever” Rivas, está imputado por el supuesto pago con dinero público a sus “caseros de oro”. Tal como hacía el entonces diputado José María Ibáñez (ANR, Añetete), les hacía figurar en la Cámara Baja como funcionarios a personas que trabajan en sus cuestiones personales.
Rivas chicaneó su imputación durante un año hasta que la Corte destrabó el caso, con lo cual no le quedan argumentos a sus colegas para no retirarle sus fueros.
Su correligionario de Alto Paraná Ulises Quintana (Añetete) está acusado de estar vinculado con el narcotráfico. Según la fiscalía, este legislador logró su escaño como diputado N° 1 por el departamento de Alto
Paraná para el período 2018-2023, con el financiamiento realizado por el líder de su organización criminal Reinaldo Cabaña Santacruz, alias “Cucho”, quien se encuentra preso en Tacumbú.
Según el Ministerio Público, “el 28 de agosto del 2018, Quintana, a petición de “Cucho” Cabaña, intervino ante policías de la Comisaría Octava de Nueva Londres para que liberen a Diego Medina y un total de US$ 184.000, previo pago de una coima de US$ 6.000 a los uniformados. Medina venía de Ciudad del Este con destino a Asunción.
Según la acusación, Medina fue retenido con la suma de US$ 190.000, la cual iba a ser entregada a Sixto Arias, otro integrante de la organización, para que se encargue de pagar al proveedor extranjero por la carga de 53,3 kilos de cocaína adquirida por el grupo.
Encierro
El diputado Quintana fue enviado a la prisión militar de Viñas Cue el 24 de setiembre del año pasado y fue liberado por la jueza Magdalena Narváez el 6 de julio último luego de estar 10 meses preso.
Actualmente Quintana ocupa su banca en la Cámara de Diputados, la cual le había otorgado un permiso también “sui géneris”. Es la primera vez que a un parlamentario le otorgan un permiso para “ir preso”. En la ley solo se autoriza permiso para ocupar cargos de ministros o embajadores.
Por su parte, el diputado de Alto Paraná Carlos Portillo (efrainista) está acusado de hacer tráfico de influencias. Prometió lograr una resolución judicial a cambio de dinero, refiere la fiscalía.
Portillo logró llevar su caso a Ciudad del Este, donde es su feudo político y judicial y le dio resultado hasta ahora: el caso está cajoneado por chicanas que las autoridades judiciales del Este le permiten.
María Portillo (PLRA), hermana del diputado, es concejal de la Municipalidad de Ciudad del Este y también tiene una importancia influencia en esa zona.
Solo se aplicó para los senadores
La pérdida de investidura fue aplicada solamente en la Cámara de Senadores. Hasta el momento tres fueron expulsados: el acusado Óscar González Daher (ANR, cartista), el condenado Víctor Bogado (ANR, cartista) y Dionisio Amarilla (PLRA, llanista). En los tres casos se superó la mayoría absoluta de votos (23), cantidad que pretendían imponer como mínimo en la Cámara de Diputados y algunos senadores.
Otro senador a quien le iniciaron el procedimiento para la pérdida de investidura fue Jorge Oviedo Matto (Unace), pero este prefirió renunciar antes de que se inicie la votación en el pleno. Al imputado senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) sus colegas le instaron a que renuncie pero desoyó la sugerencia.