David Riveros, director de la ONG reAcción; y Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, fueron quienes presentaron la acción judicial, que será estudiada por el juez Mirko Valinotti. Los abogados Federico Legal y Natalia Gagliardone los representan.
El pedido judicial se realiza luego de que el contralor general, Camilo Benítez Aldana, se negara a solicitar él mismo a un juez la autorización judicial, tal como le habían planteado periodistas, abogados y activistas de la sociedad civil.
Periodistas, abogados y actividades de organizaciones de la sociedad civil habían remitido una nota al contralor Benítez, pidiendo que él mismo solicite la publicidad de las Declaraciones Juradas de quienes manejarán fondos en el marco de la emergencia decretada por la pandemia del covid-19.
“Dado el contexto de altísimo interés público en la administración de los fondos públicos que se utilizarán durante la emergencia y cuya obtención implicará enormes sacrificios para el pueblo paraguayo, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios responsables de ejecutar la ley, así como de aquellos proveedores que serán adjudicados con los fondos otorgados por ella (ambas situaciones previstas expresamente en la Ley 6355), se constituye en una medida eficaz y costo-efectiva para prevenir y mitigar potenciales actos de corrupción”, señala parte de la nota presentada por los activistas, abogados y periodistas.