Diputados cartistas y abdistas dieron un tremendo golpe al acceso a la información pública, cuando nuevamente se negaron a aprobar un proyecto de ley que hace públicas las declaraciones juradas de los funcionarios estatales.
La multibancada de la oposición había planteado aprobar sin modificación el proyecto que ya había sido consentido el año pasado por el Senado. Sin embargo, el diputado Hernán David Rivas (ANR, cartista) presentó de la nada una versión modificada del plan de ley. Y esa fue la versión asentida por diputados colorados (abdistas y cartistas) y tres liberales llanistas.
Lo más grave del proyecto impulsado por los dos bloques colorados es la intención de despenalizar la presentación de declaraciones juradas de contenido falso. “Toda declaración jurada presentada en tiempo y forma es válida, independientemente de si existen omisiones o errores”, señala el artículo 14 del proyecto presentado por Rivas.
Algunos de los beneficiados podrían ser, por ejemplo, los miembros del clan cartista González Daher (ver infografía).
El acusado exsenador Óscar González Daher y su hijo, el concejal luqueño Rubén González Chaves tienen una causa abierta por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa debido a que no declararon todo el dinero que movían.
Otros que soportan proceso por declaración falsa son: el senador Javier Zacarías Irún (cartista) y su esposa la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod (ANR, cartista), ambos imputados.
El legislador y su esposa presentaron declaraciones juradas en las que no mencionaban los departamentos que tenían en la playa en la zona de Ipanema, Brasil.
Recién cuando ABC publicó sobre esos inmuebles, el clan cartista Zacarías-McLeod presentó actualizaciones para incluirlos.
Ninguno de ellos podrían haber sido procesados si el falseamiento de los datos fuera considerado solo un “error administrativo”.