La entidad tiene sede en Montevideo (Uruguay), sin incidencia política alguna en la región. Sus decisiones son meramente declarativas y no vinculantes. De acuerdo a datos oficiales, la delegación local tiene alto costo presupuestario de casi US$ 5 millones al año. En el 2019, el Ejecutivo envió este proyecto mediante un acuerdo de austeridad con mandatarios de los países del Mercosur.
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