Un informe presentado ante el pleno del Senado en noviembre de 2014 por el entonces legislador y actual ministro antidrogas, Arnaldo Giuzzio, puso en evidencia la estrecha relación entre narcotráfico y política.
Varios legisladores mencionados en ese informe siguen ocupando escaños en el Congreso y declararon ante la Contraloría General millonarios patrimonios.
El diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR-abdista), por ejemplo, declaró tener G. 500 millones en efectivo y ser dueño de una granja, pero no hizo figurar animal alguno.
El concejal departamental de Caazapá Adaro Monzón, también abdista, declaró igualmente millonarias cifras en préstamos a cobrar a la quebrada Azucarera Iturbe.
El exdiputado cartista Carlos Maggi Rolón, por su parte, experimentó un crecimiento patrimonial de 2.888% y declaró bienes por más de G. 55.000 millones.
Varios dicen dedicarse a la ganadería, rubro que expertos señalan como especial para el lavado de dinero.