Después de ocho meses, la Corte destraba caso del diputado Rivas

Desde el 28 de junio del año pasado se encontraba trabado el proceso contra el diputado colorado cartista Tomás Éver Rivas. 

Ayer, la Sala Penal de la Corte rechazó la recusación contra uno de sus miembros: Luis María Benítez Riera. Por lo tanto, ahora queda conformaba la sala de la Corte que podrá estudiar el pedido de exclusión de dos camaristas del caso. La resolución fue firmada por los ministros Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña.

La Sala Penal deberá analizar la solicitud de que se aparte a los integrantes de la Cámara de Apelaciones, Cuarta Sala, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias.

Tras ser imputado el diputado Rivas, el entonces juez Rubén Riquelme comunicó a la Cámara Baja sobre la causa en contra del legislador, para que sea desaforado. Ante esto, el parlamentario presentó una apelación, contra esa solicitud de que le retiren los fueros.

Es una cuestión que nunca se ha visto en tribunales, por lo que la resolución de la Cámara de Apelaciones dejará una jurisprudencia con relación a los pedidos de desafuero. También los demás procesados en la causa apelaron la admisión de la imputación contra ellos.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja había decidido postergar su dictamen sobre la petición de desaforar al diputado Tomás Rivas hasta tanto no sea resuelta su apelación. De esta forma, Rivas permanece hasta ahora con sus fueros parlamentarios, con la ayuda de sus colegas.

En la causa, la fiscala Yolanda Portillo acusó y pidió juicio oral y público para los tres sindicados como empleados del diputado: Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, quienes recibían pagos de la Cámara pero no trabajaban ahí, sino que en negocios y la casa de Rivas.

Desde la imputación a Rivas, la Fiscalía no pudo realizar diligencia investigativa alguna debido a que el congresista nunca se sometió al proceso. Fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, porque certificaba las asistencias de sus empleados particulares que no prestaron servicios como “auxiliares” en su oficina legislativa.