El episodio de esta semana le muestra a los prepotentes de la política que en algún momento el atropello puede encontrar un freno y que tener una mayoría en democracia no implica un salvoconducto para aplastar todo a su paso.
El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), su esposa Patricia Corvalán -actual intendenta de Quyquyhó- y sus principales operadores les cuesta al Estado G. 1.760 millones por año. El legislador tiene cinco pedidos de desafuero, pero es blindado por sus colegas.
La cuestionable decisión de la Cámara de Senadores de restituir los fueros a los legisladores procesados generó un debate jurídico que dividió a la fiscalía y al Poder Judicial. Mientras el fiscal general sostenía que la decisión de los parlamentarios paralizaba los procesos, un juez señalaba con claridad que todo seguía igual y que las causas penales seguían abiertas.
La candidatura a la Presidencia de la República de Miguel Prieto movió el avispero político recientemente. Una de las referentes de la oposición, la senadora Esperanza Martínez, dijo que es saludable que el intendente de Ciudad del Este anuncie su intención, pero considera que el debate electoral de este cargo en específico aún es prematuro.
El senador Erico Galeano (ANR, HC), procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo “A Ultranza Py”, estuvo ausente durante la reculada cartista en la que el pleno volvió a retirarle los fueros para que enfrente la justicia. No obstante, sí estuvo presente durante el tratamiento del resto del orden del día en la víspera.
Senadores cartistas y aliados ayer se vieron forzados a derogar la Resolución Nº 502 por la que devolvieron los fueros a los imputados senadores Erico Galeano, Hernán Rivas, del cartismo, y a Rafael Filizzola (PDP), tras conocer el dictamen de constitucionalistas en el que señalan que lo actuado fue arbitrario e inconstitucional.