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Se trata de una herramienta digital que supuestamente permitirá a la ciudadanía, a través de internet, acceder a la rendición de cuentas de las campañas electorales y el funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas que reciben tanto el subsidio como el aporte estatal. Estos rubros se entregan para “recuperar” los gastos de campaña y mantenerse, respectivamente. La ley de Financiamiento Político solo se aplica en las elecciones generales, no así en las internas.
El proyecto fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) e implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso). La extitular del BCP Mónica Pérez fue la adjudicada por la USAID para ser consultora en este proyecto.