Paraguay ante el gran desafío de revertir los niveles de corrupción para fortalecer su modelo económico

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había revelado que la corrupción en América Latina tiene un costo de aproximadamente US$ 220.000 millones anuales. Con estos recursos se podría haber erradicado la pobreza extrema en la región.

En la influencia de la corrupción en América Latina y el impacto de la ineficiencia técnica en el Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación, el organismo categorizó a los países con mayor afectación. Así, en Argentina, el impacto se ubica en 7,2% de su PIB, en El Salvador llega a 6,5% y en Bolivia, el flagelo se traduce a 6,3% del PIB.

En Paraguay, el impacto ronda el 3,9% del PIB. Este porcentaje es igual al de Brasil y mayor al de Uruguay (3,7%), Perú (2,5%) y Chile (1,8%).

Como se observa, la incidencia de la falta de transparencia permea en todos los sectores económicos. En esa misma línea, existen innumerables teorías en torno al costo económico de la corrupción. Muchas ancladas en impactos significativos a nivel social y económico como la falta de confianza en el gobierno, las distorsiones en el mercado y la competencia, y otras implicancias que atentan contra el crecimiento y desarrollo económico.

La corrupción como una práctica instaurada en el sector público genera un sobrecosto a las finanzas públicas. La explotación indebida de un cargo de responsabilidad para obtener y conceder beneficios en determinados programas y proyectos, obviando procesos, normativas y medidas de seguridad, terminan generando costos adicionales a las cuentas públicas. La falta de criterio técnico, así como de planes estratégicos no redundan en beneficios sociales y menos en rentabilidad económica, presionando innecesariamente las finanzas del estado.

Las prácticas ilícitas también socavan la libre competencia que debe existir en toda economía. La corrupción pone en duda la seguridad jurídica existente, afectando considerablemente la imagen país. Por tanto, ahuyenta las inversiones, genera ineficiencias económicas y provoca daños irreparables en el desarrollo de las naciones.

Aunado al hecho, de que la corrupción crea una atmósfera propicia para la circulación ilegal de dinero con impacto en las potencialidades recaudatorias del Estado y que se transfieren a una mayor carga para los buenos contribuyentes.

Índice de percepción de la corrupción 2020

Recientemente, el organismo Transparencia Internacional (TI) dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) en su edición 2020. El informe clasifica 180 países y territorios según la percepción del nivel de corrupción en su sector público. Esto es en materia de prácticas ilícitas como el soborno, la malversación a los precios abusivos, el favoritismo y otros hechos vinculados a la corrupción.

La escala está determinada por los extremos, que van del 0 a 100, donde el 0 corresponde a corrupción elevada y, el 100, a corrupción inexistente.

El reporte reveló que las situaciones generadas por la pandemia no han contribuido a la lucha contra el flagelo, lo que ha significado que en la mayoría de los países los avances han sido nulos en casi una década. De hecho, dos tercios de los 180 países evaluados quedaron por debajo de los niveles aceptados, es decir, puntuaron por debajo de 50.

Los cinco países con las puntuaciones más altas en el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial se ubican Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos. A estos países le siguen Finlandia, Singapur y Suecia con 85 puntos cada uno.

Mientras que entre los países con las más bajas puntuaciones figuran Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos cada uno, seguidos de Siria (14), Yemen (15) y Venezuela (15).

En el informe se destaca la situación de los países de América Latina donde los resultados han sido alarmantes. De los 19 países analizados, solo Uruguay (71 puntos), Chile (67 puntos) y Costa Rica (57 puntos) obtuvieron una puntuación favorable.

En el extremo adverso, Honduras (24), Nicaragua (22) y Venezuela (15) se ubican como los países más corruptos. Otras naciones también se encuentran dentro de la clasificación como Cuba (47), Argentina (42), Colombia y Ecuador (39), Brasil y Perú (38), El Salvador (36), Panamá (35), Bolivia y México (31) y República Dominicana.

Paraguay, en puesto 137 del índice de corrupción

Paraguay comparte esta clasificación con 28 puntos, ubicándose en el puesto 137 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) a nivel mundial. Esto significa que el país se encuentra por debajo de sus principales vecinos Argentina y Brasil, que ocupan los lugares 78 y 94, respectivamente.

En el caso de Argentina, el país no ha caído significativamente pese a que algunos procesos judiciales ligados a casos de corrupción se han ralentizado. Mientras que en Brasil se experimenta un “deterioro democrático severo” con “injerencias” y “ataques” a la Justicia y a la prensa provenientes del presidente Jair Bolsonaro.

Como se ha mencionado anteriormente, las necesidades generadas con la pandemia han requerido una rápida respuesta por parte de los gobiernos. Esta situación ha dejado mayor margen para prácticas ilegales.

El organismo Transparencia Internacional concluye que la pandemia ha agudizado la corrupción en el mundo y su incremento ha entorpecido la respuesta ante el avance del covid-19. De hecho, el nivel de percepción de los ciudadanos ha sido correlativo a las respuestas que han dado los países.

Para el caso de América Latina la situación es un claro ejemplo. Con una puntuación media de 43 de 100 por quinto año consecutivo, las Américas son un polo de corrupción y mala gestión de fondos siendo una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria, refiere el reporte del organismo internacional.

Paraguay: herramientas para la transparencia y pandemia

En los últimos años, Paraguay ha buscado herramientas para la transparencia de la administración pública. En tal sentido, en el año 2014 entró en vigencia la Ley N° 5.282 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

Mediante esta normativa, quedó estipulado que la información pública debe estar disponible para cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo. Además de acceso en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las que formulan su pedido (Artículo 4).

Así también, las fuentes públicas están obligadas a prever la adecuada organización, sistematización, informatización y disponibilidad para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a los interesados (artículo 3).

La implementación de esta ley se constituyó en un paso importante para la transparencia en el manejo de los recursos públicos y control ciudadano. Sin embargo, la herramienta sigue presentando, a seis años de su implementación, varias deficiencias en materia de procesamiento, actualización de datos y entrega de los mismos.

Por tanto, los espacios de corrupción siguen alimentando grandes estructuras que necesariamente deben ser erradicados de manera urgente.

Con la llegada de la pandemia, la desconfianza en el uso de los aproximadamente US$ 2.000 millones aprobados para hacer frente a la crisis sanitaria, comenzó a materializarse con los primeros casos de compras ilegales de insumos médicos. Los hechos de corrupción en torno a adquisiciones amañadas se destaparon a tan solo semanas de la liberación de los recursos a través de la Ley de Emergencia Sanitaria y Económica. Sin embargo, el sector de la salud, al parecer, es particularmente susceptible a la corrupción en momentos normales, de acuerdo con el experto en anticorrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Roberto de Michele. La encuesta realizada por el organismo había revelado que hasta el 25% de los presupuestos nacionales de salud se pierden por corrupción. Por consiguiente, el costo de las prácticas ilícitas durante la crisis sanitaria podría ser superior. Aunque es importante destacar el rol de la sociedad y de los medios de comunicación que han frenado hechos de corrupción, muchos de ellos, sin precedentes.

Por su parte, Transparencia Internacional halló que la corrupción está presente en toda la actuación contra la pandemia. Las prácticas ilícitas se registran desde el soborno para acceder a pruebas, tratamientos y otros servicios sanitarios hasta la contratación de suministros sanitarios y la preparación para emergencias en general.

Con el objetivo de inyectar transparencia en el manejo de los recursos para enfrentar el covid-19, organismos internacionales como el BID han sido clave en el diseño e implementación de sistemas de control y supervisión de los fondos de emergencia.

En ese contexto, Paraguay junto con la asistencia técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo y en el marco de la iniciativa Rindiendo Cuentas, lanzó la plataforma Mapa Inversiones + Módulo covid-19. Una herramienta tecnológica de visualización de datos que permite brindar información detallada sobre el destino y uso de los recursos públicos disponibles para enfrentar la crisis del coronavirus.

De esa manera, Paraguay se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en adaptar Mapa Inversiones al seguimiento de los recursos utilizados en la emergencia del covid-19 con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto público

La implementación de este sistema ha servido para medir con datos concretos la capacidad de gestión del Estado, así como la transparencia en el uso de los recursos.

Herramientas como éstas ayudan a la reconstrucción de la confianza ciudadana y al fortalecimiento de la imagen país. Sin embargo, este tipo de acciones deben ir acompañadas de otras estrategias como reglas de juego claras, con sanciones implacables para hechos de corrupción, educación en valores, código de ética en el sector privado, así como profesionales en la prevención, detección y vigilancia de delitos.

Los planes y decisiones bien coordinados entre el sector público y privado serán los que finalmente impulsarán el crecimiento del país e irán exterminando las prácticas de corrupción que solo corroen las potencialidades de la estructura socioeconómica de la nación.

*En la influencia de la corrupción en América Latina y el impacto de la ineficiencia técnica en el PIB de cada nación, el BID categorizó a los países con mayor afectación. Así, en Argentina, el impacto se ubica en 7,2% de su PIB, en El Salvador llega a 6,5%, Bolivia 6,3% y en Paraguay ronda el 3,9% del PIB.

*Prácticas ilícitas socavan la libre competencia que debe existir en toda economía. La corrupción pone en duda la seguridad jurídica existente, afectando la imagen país. Ahuyenta inversiones, genera ineficiencias económicas y provoca daños irreparables en el desarrollo.

*El organismo Transparencia Internacional concluye que la pandemia ha agudizado la corrupción en el mundo y su incremento entorpeció la respuesta ante el avance del covid-19. De hecho, el nivel de percepción de los ciudadanos ha sido correlativo a las respuestas que han dado los países.