Crisis sanitaria y las políticas para acompañar el proceso de recuperación económica

La Ley Tributaria entró en vigencia en enero de 2020. La modificación impositiva contempló, entre otros puntos, el aumento de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la creación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), la eliminación de algunos gastos deducibles, un régimen simplificado para las medianas y pequeñas empresas, entre otras adecuaciones tributarias. Sin embargo, varios de estos cambios no pudieron implementarse en su totalidad, debido a que su vigencia coincidió con el complicado escenario provocado por el covid-19 el año pasado.

Es de recordar que, a finales de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo había anunciado el inicio de una serie de mesas de diálogo entre los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y la sociedad civil, a fin de consensuar una reforma estructural del estado. Los ejes estaban anclados en: generar nuevas fuentes de ingresos para ampliar la intervención estatal y mejorar el gasto público.

Como parte del mencionado proceso, el Poder Ejecutivo buscó el debate y consenso en el Parlamento de una renovada normativa de servicio civil con nuevos mecanismos de ingreso a la función pública como la meritocracia. Para ello, envió la propuesta a la comisión bicameral de reordenamiento de la estructura del estado, sin éxito alguno. Esta instancia había sido creada sobre tres pilares: analizar las iniciativas del Ejecutivo, las parlamentarias y las propuestas de reforma del sistema de salud.

Ante la falta de respuesta, ahora la estrategia apunta a la presentación del proyecto de la ley de la función pública y la carrera del servicio civil a finales de este mes. Esta vez, directamente a una de las cámaras del Poder Legislativo (Diputados o Senadores).

Y como parte de este proceso de reforma, recientemente el Ejecutivo envió otro proyecto de ley denominado de suministro y contrataciones públicas”. Esta propuesta normativa –al igual que la anterior y el proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal– forma parte de la agenda de transformación del estado contemplada en el Plan de recuperación rconómica Ñapu’ã Paraguay y es una de las leyes que apuntan al mejoramiento del gasto público.

Alcances del proyecto de ley

De acuerdo con la propuesta normativa remitida a la Cámara de Senadores a finales de abril y con mesa de entrada el 3 de mayo de este año, el objetivo de la ley es crear y establecer las bases fundamentales del Sistema nacional de suministro público (SNSP) y regular el Sistema nacional de contrataciones públicas. Para tal finalidad, se introduce el enfoque de Cadena Integrada de Suministro Público (CISP).

Conforme con la normativa, el Sistema nacional de suministro público comprende el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos macro para la provisión de bienes, servicios, consultorías y obras públicas, llevadas a cabo a través de las actividades de la cadena integrada de suministro público orientadas al logro de resultados en las instituciones públicas, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Se designa al Ministerio de Hacienda como la institución que regulará el Sistema nacional de suministro público y a las demás dependencias como las de aplicación.

En lo que respecta a la Cadena integrada de suministro público, la propuesta de ley la define como el conjunto de actividades interrelacionadas llevadas a cabo por los responsables del Sistema nacional de suministro público, que permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios, consultorías y obras públicas, para el logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las instituciones públicas, optimizando el uso de los recursos.

La Cadena integrada de suministro público contempla las etapas de: planificación de las necesidades; programación presupuestaria; gestión de contratos; administración de bienes, servicios, consultorías y obras públicas, que incluye el almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final, con su registro contable-presupuestario y como último punto, la evaluación de las metas de programas y efectivamente cumplidas a través del presupuesto por resultados.

Entre las principales innovaciones que contempla la propuesta normativa figuran el valor del dinero, la economía a escala y la dinamización de sectores estratégicos. Además del registro de proveedores y compradores, sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, así también contempla la participación ciudadana y transparencia.

De acuerdo con datos oficiales, el Estado anualmente destina alrededor de US$ 2.700 millones para las compras públicas. Este monto representa al 7,5% del producto interno bruto (PIB) y 21% del Presupuesto General de la Nación correspondiente al 2020.

Estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dan cuenta que Paraguay desperdicia alrededor del 3,9% del PIB, unos US$ 1.600 millones, por su ineficiencia en el gasto público. Es decir, por el pago de salarios a los funcionarios, así como por las ineficiencias potenciales en el rubro de compras y en transferencias de subsidios.

Cálculos del Gobierno nacional refieren que solo en concepto de compras públicas, la ineficiencia llegaría al 1,5% del PIB o aproximadamente US$ 600 millones. Con respecto a los demás componentes del gasto como transferencias y función pública, las estimaciones aún están siendo analizadas por su alta complejidad y sensibilidad, explicaron fuentes oficiales.

En la misma línea, la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, aclaró que, si bien el paquete de leyes apunta a mejorar sustancialmente la calidad del gasto, los resultados no serán inmediatos. “No significa que aquí a dos años, el Ministerio de Hacienda tendrá más recursos o los US$ 600 millones en el caso de los suministros. Es un proceso gradual de aplicación de todas las leyes, lo que permitirá utilizar mejor los recursos, comprar más con los fondos que tendremos, organizando y redireccionando a áreas que estarían hoy necesitando y por las debilidades del sistema no se pueden cubrir”. La secretaria de Estado enfatizó en la urgencia de las reformas, ya que sin ellas la situación se complejizará aún más en los próximos años. “Hoy es el momento de hacer esto. No podemos esperar porque es un proceso gradual”, remarcó Casco.

Reformas para enfrentar la pospandemia

Las finanzas públicas venían soportando un limitado espacio fiscal en la prepandemia. Con la crisis sanitaria, la situación terminó por agravarse y las perspectivas no son auspiciosas de no tomarse medidas que reviertan, en el corto, mediano y plazo, el escenario.

Es de recordar los factores que han movido al deterioro de las cuentas públicas y la pesada carga que representa la planilla salarial es uno de los principales. La misma había sido consolidada desde el 2012 cuando el Congreso Nacional aprobó un aumento, en promedio, del 38% para todo el sector público, y que desde entonces demandó del Estado alrededor de US$ 800 millones anuales de forma adicional.

En 2013, la remuneración al personal se llevaba casi el 80% de los ingresos tributarios y al cierre de 2020, año de la pandemia, de cada G. 100 que ingresaron a las arcas, G. 77 fueron para el pago de salarios. El último reporte de la situación financiera dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, da cuenta que a abril, la planilla salarial representó el 72% de los ingresos tributarios del estado.

A todo lo anterior, se le debe sumar como factor adverso a las finanzas públicas, la mala calidad del gasto y los problemas de gestión, que han impedido contar con más recursos propios para hacer frente a las múltiples necesidades de la población.

De hecho, la pandemia puso en relieve la inexistencia de un plan de contingencia para responder a situaciones extraordinarias, por lo que el gobierno tuvo que recurrir a un ambicioso paquete de endeudamiento, acortando los años que el país tenía para seguir tomando deudas en el promedio de los últimos años.

Así, el nivel de deuda pública de Paraguay pasó de US$ 8.859,1 millones o 22,9% de PIB al cierre de 2019 a US$ 12.212,9 millones o su equivalente a 33,9% del PIB al año 2020. Dentro de estos recursos se encuentran los aprobados dentro de la Ley Nº 6524, que declaró estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay. A decir US$ 1.600 millones (G. 10.211 miles de millones) previstos en el artículo 33 y los US$ 390 millones (G. 2.490 miles de millones) contemplados en el artículo 35 de la normativa.

De acuerdo con la última actualización del portal: https://www.rindiendocuentas.gov.py/covid/FichaCovid, el nivel de ejecución llega al 80% de los recursos aprobados y disponibles para enfrentar la crisis sanitaria.

En lo que va de este 2021, el endeudamiento del país asciende a US$ 13.032,6 millones, es decir, 34,1% del PIB, conforme con datos del Ministerio de Hacienda. De esta manera, la deuda pública se encuentra cercana al 40% del PIB propuesto como límite en el proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

Al observar el resultado fiscal, los números dan cuenta que el escenario se ha complicado. Las estimaciones revelan que este 2021, las cuentas públicas cerrarían con un déficit (gastos superan a ingresos) por tercer año consecutivo.

En el 2019, el déficit se ubicó en 2,8% del PIB (esfuerzo fiscal para reactivar la economía), durante el año de la pandemia llegó a 6,2%. En lo que va del primer cuatrimestre de este 2021, el desequilibrio ya representa a 0,5% del PIB o aproximadamente a US$ 205,6 millones.

Como ha sido expuesto, descripto, analizado y remarcado, las finanzas públicas han llegado a su punto de saturación por un modelo que debe ser urgentemente repensado. Y en ese sentido, el paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo, actualmente con la “Ley de Suministros y Compras Públicas” se convierte en acción clave para allanar el camino que permitirá enfrentar el nuevo escenario de la pospandemia.

Para ello, es imprescindible la voluntad política y un consenso con todos los actores sociales y económicos del país. Finalmente, un Estado fortalecido, con reglas claras y proyecciones definidas, genera el clima propicio para mayores inversiones, que, a su vez, se traducen en crecimiento y desarrollo del país.

Clima

Un Estado fortalecido, con reglas claras y proyecciones definidas, genera clima propicio para mayor inversión, lo que a su vez se traduce en desarrollo del país.

Déficit

En 2019, el déficit se ubicó en 2,8% del PIB; durante el año de la pandemia llegó a 6,2% y en el primer cuatrimestre 2021, ya representa el 0,5%.

Pobreza

Un estudio del FMI vaticina que América Latina –como gran parte del resto del mundo– saldrá de la pandemia más empobrecida y con mayor desigualdad.