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Cuando negociamos en el 2008 con el Brasil, el primer punto que exigimos fue la soberanía hidroeléctrica, es decir, que el Estado paraguayo, vía ANDE, pueda exportar libremente la energía que no consumiéramos, incluso a terceros países; lo hicimos en el marco de 6 puntos exigidos en ese momento.
En la primera reunión de negociación –apenas 30 días después de asumir el nuevo gobierno– el representante del Brasil pidió encarecidamente que se quite de la agenda tal primer punto, de la soberanía hidroeléctrica, pues supuestamente dañaría nuestras relaciones. Le contestamos que así como el Brasil exigía soberanía energética (en ese momento se discutía la soberanía del Brasil sobre los ricos yacimientos del denominado “Presal”), así también el Paraguay lo propone para sí y, por ello, su tratamiento iba a unir a nuestros pueblos y no a dividirlos. El presidente Lula aceptó esta propuesta paraguaya y se mantuvo la soberanía hidroeléctrica en la agenda de discusión.
Las negociaciones no fueron fáciles, aunque todos sabemos de los avances conseguidos: se triplicó la compensación y se obtuvo una línea de 500 kV –hasta ahora la única– desde Itaipú al área metropolitana de Asunción, sin costo para el país, a más de que la energía paraguaya de Itaipú que no consumíamos, que antes iba directo al Brasil, sin pasar por el Paraguay, debía llegar primero a nuestro país (la SE de la MD de Itaipú), y recién desde allí ir al Brasil.
Pero lo más importante del Acuerdo Lula-Lugo fue que el Brasil reconoció que la ANDE puede vender la energía que no consume al mercado brasileño, a precio de mercado, “a la brevedad posible”, es decir, antes del 2023. Y, aún más importante, el Brasil reconoció que el Paraguay podría exportar “desde el 2023”, la energía de Itaipú que no consumiéramos, “a terceros países”.
Ese avance en la soberanía hidroeléctrica fue fruto de nuestra postura en las negociaciones, donde insistíamos que el Paraguay es un país soberano y que, como tal, podemos disponer libremente de nuestra energía. Sosteníamos, además, que el artículo XIII del Tratado, que le otorga al Brasil el “derecho de adquisición” de la energía que el Paraguay no consuma, debe ser interpretado a la luz del Acta de Foz de Yguazú, incorporada en el preámbulo del Tratado y, por ello, tal como establece la Convención de Viena de los Tratados (1969, ratificada en 1980), debe servir para interpretar cualquier duda del Tratado.
El Acta de Foz de Yguazú establece claramente que el Brasil tiene apenas el “derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio”. Es decir, como universalmente se interpreta este derecho de preferencia, es el derecho a igualar el mejor precio, el “justo precio” que el Paraguay reciba de cualquier tercero. Esta fundada exigencia de soberanía es la que le obligó al Brasil, finalmente, a aceptar que no existe limitación alguna para que la ANDE exporte nuestra energía de Itaipú que no podamos consumir, tanto al mercado brasileño como a terceros países.
Ahora, Abdo Benítez quiere renunciar a nuestra soberanía. Dice que no podemos exportar al mercado brasileño y menos a terceros países si no se modifica el artículo XIII del Tratado, lo que le daría al gobierno de Bolsonaro el derecho a vetar nuestra soberanía hidroeléctrica y a seguir practicando una abusiva confiscación de nuestra energía a precio vil, irrisorio.
El “derecho de adquisición”, aún si no existiera el Acta de Foz de Yguazú, que existe y rige, aún si no existiera el Acuerdo Lula – Lugo, que existe y rige, en ningún caso puede interpretarse como un ilegal derecho de confiscación del Brasil sobre nuestra energía que no podamos consumir. El Brasil puede adquirir, no confiscar.
Y estamos hablando de mucho dinero. Aún si el Paraguay crece más rápido de lo que crecemos ahora, tendremos más de 300 millones de MWh a exportar desde el 2023 hasta que utilicemos toda nuestra energía. Para un beneficio moderado y acorde a la sustitución de hidrocarburos, sea en Argentina o Brasil (donde no pueden dejar de quemarlos), del orden de 50 US$/MWh, estamos hablando de un beneficio adicional de (300 x 50 =) 15.000 millones de dólares que, de un plumazo, Abdo Benítez pretende regalarle a su amigo Bolsonaro, a los intereses que este último representa.
Pero lo más grave de esta postura del gobierno de Abdo Benítez, explicitada cuando la delegación encabezada por su canciller fue a la Comisión Nacional de Seguimiento de la Revisión del Anexo C del Congreso, es que implica decir que el Paraguay no es un país soberano; que no podemos ejercer la soberanía; que renunciamos a interpretar correctamente el artículo XIII del Tratado, porque Abdo no se anima a contradecirle a Bolsonaro. Porque quizás él, Abdo, o quienes a él lo apoyan, dan prioridad a otro tipo de negociados, como el contrabando de ciertos productos hacia el Brasil, antes que a la soberanía hidroeléctrica y el desarrollo sustentable del país. Lamentable.
(*) Parlamentario del Mercosur. Miembro de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú del Congreso Nacional.