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Abrimos una nueva década y en Paraguay aún no se avizora un presupuesto público desarrollista, ya que cerca del 50% de los recursos de este 2010 serán destinados a salarios con un Estado que continuará generando empleo para casi el 10% de la población económicamente activa (PEA); mientras, Salud y Educación continuarán con paupérrimos rubros a pesar de algunos avances. El presupuesto público, como herramienta fundamental de cualquier economía, marca el rumbo de un país. El nuestro, promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2010, seguirá postergando el desarrollo porque cerca del 50% de los recursos obtenibles serán absorbidos por los gastos rígidos (salarios, jubilaciones, deudas) al mantenerse el Estado como el gran generador de empleos y emplear a alrededor del 10% de la Población Económicamente Activa del país (PEA), deja en una posición secundaria escuálidos fondos para Salud, Educación y Seguridad, a pesar de ciertos avances que benefician a la población en general, especialmente, en materia de atención sanitaria gratuita. Este año se impondrá la necesidad de dedicar más tiempo a uno muy superior.
El Poder Ejecutivo promulgó la semana pasada la Ley N° 3.964, de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2010, sin introducir cambio alguno en el plan sancionado por el Parlamento Nacional en diciembre del año pasado, aunque se prevé la modificación de algunos artículos.
El presupuesto público asciende a 35,4 billones de guaraníes (US$ 7.536 millones), según la normativa que ya está vigente contemplando un monto que representa un aumento de 5,6% con relación al presupuesto del año anterior y 1% más con respecto al proyecto que fue remitido por el Ejecutivo a consideración del Congreso a fines de agosto del año pasado.
A la administración central (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Contraloría y Defensoría) se le asignan 16,6 billones de guaraníes (US$ 3.530 millones) y a las entidades descentralizadas (empresas públicas, entes financieros, gobernaciones, universidades, entre otros) 18,8 billones de guaraníes (US$ 4.005 millones).
En el presupuesto se prevé un total de 237.766 cargos de funcionarios permanentes, de los cuales 186.948 corresponden a instituciones de la administración central y 50.818 a entidades descentralizadas. Solo esta cantidad, sin contar entes descentralizados y contratados, ya representa cerca del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) que, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) totaliza 2.981.926 personas.
El presupuesto incluye un reajuste salarial y el pago de bonificación por exposición al peligro para policías y militares. También una recategorización para diversas instituciones, una de ellas el Ministerio de Hacienda.
Emisión de bonos
El presupuesto recientemente promulgado prevé emitir bonos del Tesoro por un valor de hasta 1,5 billones de guaraníes (US$ 332 millones) para cubrir los gastos de capital, la deuda pública y pago a los partidos políticos en concepto de subsidio y aporte. Para los partidos políticos se emitirán 89.000 millones de guaraníes.
Recaudación esperada
La recaudación impositiva que el fisco espera obtener asciende a 9,1 billones de guaraníes (US$ 1.941 millones), de los cuales el 54% provendría del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Hacienda no debe perder control
El Ministerio de Hacienda no puede permitir que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) administre los fondos provenientes de tasas judiciales porque riñe con normativas legales. Además, si las autoridades de la CSJ no son capaces de administrar justicia su principal tarea no queremos imaginarnos la gestión que les corresponderá administrando dinero público.
De hecho, el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, ya adelantó que insistirá ante el Parlamento para que sea derogada dicha disposición. La Ley 3.964 de Presupuesto General de la Nación establece que los recursos institucionales recaudados en concepto de tasas judiciales deberán ser depositados en la cuenta habilitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que una vez deducidos los montos correspondientes a los destinatarios previstos en las leyes respectivas, serán destinados al financiamiento de los gastos corrientes y de capital previstos en los programas o proyectos del Poder Judicial.
La normativa presupuestaria también establece que los pagos que se efectúen en concepto de servicios personales, para los funcionarios de la CSJ, se realizarán por el sistema de red bancaria.
La medida está contemplada en los artículos 68 y 69 de la Ley de Presupuesto, disposiciones que Hacienda solicitará al Congreso sean derogadas, según dijo el mismo Borda. Para ello, preparará un proyecto de ley que será remitido para que sea estudiado a inicios de la actividad parlamentaria, en marzo venidero.
Infraestructura
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está llamado a ser este año una de las locomotoras de nuestra economía, que junto a la agricultura y la ganadería, se encargará de estirar a nuestra economía hacia una recuperación luego de la crisis, inicialmente financiera internacional que luego se convirtió en económica global.
Por un lado, deberá reflejar transparencia en sus actos licitatorios y, por otro lado, seguir mejorando su ejecución presupuestaria de tal forma a utilizar la mayor cantidad posible de los recursos asignados. Los propios técnicos del Gobierno admiten que, aunque existe una mejoría en la ejecución de los gastos en el 2009 con relación a años anteriores, principalmente en la cartera de Obras Públicas, los problemas de gerenciamiento continúan en la mayoría de las entidades.
Esta situación hace que los programas establecidos se lleven a cabo a medias y los recursos disponibles en el plan financiero no sean utilizados en su totalidad.
Cabe recordar que en el 2009, de acuerdo a datos divulgados por el MOPC, esta cartera logró invertir 988.068 millones de guaraníes, lo que significa el 86,9% de ejecución, a noviembre del 2009 llegando luego a diciembre al 98%. Estos números significan un importante repunte en comparación al 2008 cuando el gasto ascendió a 542.220 millones de guaraníes, lo que representa solo el 42,2% de ejecución.
Hacienda espera igualmente que con la aprobación del crédito de 100 millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial, se pueda mover la economía, teniendo en cuenta que gran parte de los fondos se destinará a inversión en infraestructura.
Entre todos los planes previstos, el MOPC debería priorizar el proyecto de acueducto que beneficiará en forma directa a cerca de 23.000 habitantes del Chaco, de los cuales 5.200 son indígenas, y que en forma indirecta beneficiará a 38.000 indígenas.
Este plan demandará unos 40 millones de dólares y consistirá en la construcción de 200 kilómetros de tubos de 400 mm, permitiendo un caudal de 7.040 m3 de agua por día uniendo Puerto Casado con Loma Plata, con lo que igualmente se verán beneficiadas poblaciones como Neuland y Filadelfia. La obra servirá para paliar de alguna manera el enorme déficit de agua en la zona.
Objetivos
Con este presupuesto el Gobierno se propone un combate frontal a la pobreza extrema, un sostenimiento del gasto social, particularmente de los servicios de salud y educación, además de mejorar la calidad del gasto social. Además, pretende generar más empleo dando un apoyo a la agricultura familiar, a la reforma agraria y a las MPYMES, construcción de viviendas y uso intensivo de mano de obra en inversiones públicas.
En materia de seguridad, busca un sostenimiento del gasto de la seguridad ciudadana y apunta a la reactivación económica con un aumento de inversiones públicas para mejorar la competitividad económica y el bienestar social, fomento a la inversión privada para incrementar y diversificar la producción, defender y promocionar la industria y la agroindustria nacional además de disminuir el riesgo de la inseguridad como efectos de la lucha contra la delincuencia.
Como se podrá notar, son objetivos bien complicados que requerirán esfuerzos importantes para su concreción. Si no hay resultados, la desconfianza de la ciudadanía en los responsables de esta etapa de "cambio" seguirá creciente y con justa razón.
Dedicarle más tiempo de estudio
No olvidemos que el año pasado se presentaron inconvenientes serios para encarar un estudio profundo del presupuesto. Por un lado, el tiempo que demandó en el Congreso la aprobación de leyes para la aceptación de créditos externos requeridos para encarar obras de infraestructura y mitigar el impacto de la crisis económica. Además, el enfrentamiento entre los poderes, Ejecutivo y Legislativo, que desgastó bastante ante la falta de definición del presidente Fernando Lugo.
Por último, ya al final del primer semestre el Congreso aprobó los créditos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras fuentes internacionales por más de US$ 300 millones. Superada esta prioridad que tenía el Gobierno, prácticamente, se presentó un presupuesto similar al que estuvo vigente porque quedaba apenas un par de meses para hacerlo ante el Congreso.
Es de esperar que este año terminen los enfrentamientos estériles, que nuestras autoridades trabajen con seriedad en forma coordinada. Solo así se podrán extirpar vicios que se arrastran dentro del presupuesto desde décadas y volver más efectiva a esta herramienta que marca el rumbo de cualquier economía. Los debilitados músculos de nuestra economía, que el año pasado cayó 3,8% requieren de estrategias, diseños exitosos y no solo de un buen sol y lluvia abundante para crecer. Estos deben ser nuestros desafíos, especialmente, de aquellos que aceptaron ocupar cargos públicos y se comprometieron ante la sociedad para que así, de alguna manera, logren impulsar el alicaído prestigio de la clase política en un país que no logra salir de la pobreza, una pobreza que sirve hasta para extorsionar a la gente con plagios que se vuelven cada vez más seguidos y mantienen en vilo a todo el país, especialmente, a personas trabajadoras.
El Poder Ejecutivo promulgó la semana pasada la Ley N° 3.964, de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2010, sin introducir cambio alguno en el plan sancionado por el Parlamento Nacional en diciembre del año pasado, aunque se prevé la modificación de algunos artículos.
El presupuesto público asciende a 35,4 billones de guaraníes (US$ 7.536 millones), según la normativa que ya está vigente contemplando un monto que representa un aumento de 5,6% con relación al presupuesto del año anterior y 1% más con respecto al proyecto que fue remitido por el Ejecutivo a consideración del Congreso a fines de agosto del año pasado.
A la administración central (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Contraloría y Defensoría) se le asignan 16,6 billones de guaraníes (US$ 3.530 millones) y a las entidades descentralizadas (empresas públicas, entes financieros, gobernaciones, universidades, entre otros) 18,8 billones de guaraníes (US$ 4.005 millones).
En el presupuesto se prevé un total de 237.766 cargos de funcionarios permanentes, de los cuales 186.948 corresponden a instituciones de la administración central y 50.818 a entidades descentralizadas. Solo esta cantidad, sin contar entes descentralizados y contratados, ya representa cerca del 10% de la Población Económicamente Activa (PEA) que, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) totaliza 2.981.926 personas.
El presupuesto incluye un reajuste salarial y el pago de bonificación por exposición al peligro para policías y militares. También una recategorización para diversas instituciones, una de ellas el Ministerio de Hacienda.
Emisión de bonos
El presupuesto recientemente promulgado prevé emitir bonos del Tesoro por un valor de hasta 1,5 billones de guaraníes (US$ 332 millones) para cubrir los gastos de capital, la deuda pública y pago a los partidos políticos en concepto de subsidio y aporte. Para los partidos políticos se emitirán 89.000 millones de guaraníes.
Recaudación esperada
La recaudación impositiva que el fisco espera obtener asciende a 9,1 billones de guaraníes (US$ 1.941 millones), de los cuales el 54% provendría del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Hacienda no debe perder control
El Ministerio de Hacienda no puede permitir que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) administre los fondos provenientes de tasas judiciales porque riñe con normativas legales. Además, si las autoridades de la CSJ no son capaces de administrar justicia su principal tarea no queremos imaginarnos la gestión que les corresponderá administrando dinero público.
De hecho, el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, ya adelantó que insistirá ante el Parlamento para que sea derogada dicha disposición. La Ley 3.964 de Presupuesto General de la Nación establece que los recursos institucionales recaudados en concepto de tasas judiciales deberán ser depositados en la cuenta habilitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que una vez deducidos los montos correspondientes a los destinatarios previstos en las leyes respectivas, serán destinados al financiamiento de los gastos corrientes y de capital previstos en los programas o proyectos del Poder Judicial.
La normativa presupuestaria también establece que los pagos que se efectúen en concepto de servicios personales, para los funcionarios de la CSJ, se realizarán por el sistema de red bancaria.
La medida está contemplada en los artículos 68 y 69 de la Ley de Presupuesto, disposiciones que Hacienda solicitará al Congreso sean derogadas, según dijo el mismo Borda. Para ello, preparará un proyecto de ley que será remitido para que sea estudiado a inicios de la actividad parlamentaria, en marzo venidero.
Infraestructura
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está llamado a ser este año una de las locomotoras de nuestra economía, que junto a la agricultura y la ganadería, se encargará de estirar a nuestra economía hacia una recuperación luego de la crisis, inicialmente financiera internacional que luego se convirtió en económica global.
Por un lado, deberá reflejar transparencia en sus actos licitatorios y, por otro lado, seguir mejorando su ejecución presupuestaria de tal forma a utilizar la mayor cantidad posible de los recursos asignados. Los propios técnicos del Gobierno admiten que, aunque existe una mejoría en la ejecución de los gastos en el 2009 con relación a años anteriores, principalmente en la cartera de Obras Públicas, los problemas de gerenciamiento continúan en la mayoría de las entidades.
Esta situación hace que los programas establecidos se lleven a cabo a medias y los recursos disponibles en el plan financiero no sean utilizados en su totalidad.
Cabe recordar que en el 2009, de acuerdo a datos divulgados por el MOPC, esta cartera logró invertir 988.068 millones de guaraníes, lo que significa el 86,9% de ejecución, a noviembre del 2009 llegando luego a diciembre al 98%. Estos números significan un importante repunte en comparación al 2008 cuando el gasto ascendió a 542.220 millones de guaraníes, lo que representa solo el 42,2% de ejecución.
Hacienda espera igualmente que con la aprobación del crédito de 100 millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial, se pueda mover la economía, teniendo en cuenta que gran parte de los fondos se destinará a inversión en infraestructura.
Entre todos los planes previstos, el MOPC debería priorizar el proyecto de acueducto que beneficiará en forma directa a cerca de 23.000 habitantes del Chaco, de los cuales 5.200 son indígenas, y que en forma indirecta beneficiará a 38.000 indígenas.
Este plan demandará unos 40 millones de dólares y consistirá en la construcción de 200 kilómetros de tubos de 400 mm, permitiendo un caudal de 7.040 m3 de agua por día uniendo Puerto Casado con Loma Plata, con lo que igualmente se verán beneficiadas poblaciones como Neuland y Filadelfia. La obra servirá para paliar de alguna manera el enorme déficit de agua en la zona.
Objetivos
Con este presupuesto el Gobierno se propone un combate frontal a la pobreza extrema, un sostenimiento del gasto social, particularmente de los servicios de salud y educación, además de mejorar la calidad del gasto social. Además, pretende generar más empleo dando un apoyo a la agricultura familiar, a la reforma agraria y a las MPYMES, construcción de viviendas y uso intensivo de mano de obra en inversiones públicas.
En materia de seguridad, busca un sostenimiento del gasto de la seguridad ciudadana y apunta a la reactivación económica con un aumento de inversiones públicas para mejorar la competitividad económica y el bienestar social, fomento a la inversión privada para incrementar y diversificar la producción, defender y promocionar la industria y la agroindustria nacional además de disminuir el riesgo de la inseguridad como efectos de la lucha contra la delincuencia.
Como se podrá notar, son objetivos bien complicados que requerirán esfuerzos importantes para su concreción. Si no hay resultados, la desconfianza de la ciudadanía en los responsables de esta etapa de "cambio" seguirá creciente y con justa razón.
Dedicarle más tiempo de estudio
No olvidemos que el año pasado se presentaron inconvenientes serios para encarar un estudio profundo del presupuesto. Por un lado, el tiempo que demandó en el Congreso la aprobación de leyes para la aceptación de créditos externos requeridos para encarar obras de infraestructura y mitigar el impacto de la crisis económica. Además, el enfrentamiento entre los poderes, Ejecutivo y Legislativo, que desgastó bastante ante la falta de definición del presidente Fernando Lugo.
Por último, ya al final del primer semestre el Congreso aprobó los créditos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras fuentes internacionales por más de US$ 300 millones. Superada esta prioridad que tenía el Gobierno, prácticamente, se presentó un presupuesto similar al que estuvo vigente porque quedaba apenas un par de meses para hacerlo ante el Congreso.
Es de esperar que este año terminen los enfrentamientos estériles, que nuestras autoridades trabajen con seriedad en forma coordinada. Solo así se podrán extirpar vicios que se arrastran dentro del presupuesto desde décadas y volver más efectiva a esta herramienta que marca el rumbo de cualquier economía. Los debilitados músculos de nuestra economía, que el año pasado cayó 3,8% requieren de estrategias, diseños exitosos y no solo de un buen sol y lluvia abundante para crecer. Estos deben ser nuestros desafíos, especialmente, de aquellos que aceptaron ocupar cargos públicos y se comprometieron ante la sociedad para que así, de alguna manera, logren impulsar el alicaído prestigio de la clase política en un país que no logra salir de la pobreza, una pobreza que sirve hasta para extorsionar a la gente con plagios que se vuelven cada vez más seguidos y mantienen en vilo a todo el país, especialmente, a personas trabajadoras.