¿Hubo un pago de favores?

La denuncia penal en este caso fue del proyectista del “superviaducto”, Ing. Hermann Pankow, por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal.

Estaban salpicados por presuntos hechos irregulares el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador, Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión.

Pankow alegó, entre otras cosas, que hubo cambios de su proyecto original en detrimento de la obra, con sobrecosto.

La empresa española Isolux Corsán se hizo cargo de la obra, por un costo de G. 124.210 millones. La firma internacional está involucrada en un esquema de pagos de coimas y sobornos actualmente.

El caso fue investigado en un primer momento por el exfiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción José dos Santos, quien renunció al cargo en abril pasado.

Luego intervino de manera momentánea la fiscala Yolanda Portillo, como interina de Dos Santos hasta que ingresó en la Unidad indicada el fiscal Nelson Ruiz. Este agente tuvo poco más de un mes la causa y decidió desestimarla el 30 de mayo, de manera bastante sigilosa.

Tras dos trámites de oposición del juez penal de garantías N° 8 Gustavo Amarilla Arnica, el caso llegó a la Fiscalía General del Estado, que se expidió el pasado 24 de julio y terminó archivando el proceso.

El adjunto que “archivó”

Mientras la fiscala adjunta de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero estaba en el exterior, fue interinada por el adjunto Augusto Salas, quien finalmente ratificó la desestimación de la denuncia.

Para intentar justificar su posición, Salas trajo a colación el resultado del dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco. Estas afirmaron que se constituyeron en distintas ocasiones en las intersecciones de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, pero no encontraron anomalía.

Sobre los cambios introducidos al proyecto inicial –denunciados por Pankow como una maniobra irregular para abaratar los costos– el adjunto afirmó que fueron “necesarios” y que su fin fue adecuar el proyecto a las normativas vigentes y a la seguridad tanto de la obra como de las personas. Sobre este punto, invocó un dictamen técnico favorable de la firma fiscalizadora de la obra –Caser– y de la Dirección de Viabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Dos desestimaciones

El fiscal Nelson Ruiz pidió en dos ocasiones la desestimación de la denuncia de irregularidades en la ejecución de la obra del superviaducto de Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco (Autopista)

El agente no encontró irregularidad cuando se eliminó a cinco empresas constructoras de las seis que concursaban en la licitación, llevada a cabo en julio de 2015, hace exactamente tres años.

Asimismo, tampoco encontró anormalidad en el cambio al proyecto original que reducen materiales para beneficiar a la empresa adjudicada.

Al respecto, precisó que los cambios se encuentran sustentados tanto jurídica como técnicamente.

“En la modalidad de contrato surge la potestad del contratista adjudicado con la construcción de la obra de revisión del proyecto y reajuste. No resulta patente irregularidad o ilegitimidad alguna ya que fueron analizadas por la empresa fiscalizadora de la obra”

También aseguró que el llamado a la licitación internacional correspondía por la “envergadura de la obra” y debido a que las potenciales ofertas de los proveedores nacionales pudieran ser insuficientes o la presentación de unos pocos encarecería el precio en perjuicio del costo total de la obra de referencia.

En cuanto a que los cambios efectuados por el contratista, el fiscal reconoce que se tradujeron en un incremento del costo en la suma de G. 822.300.875,25 monto asumido por la empresa contratista, considerando que la modalidad del contrato es a “suma alzada”, por lo que el MOPC no abonará el incremento.

No completan obra

El pasado 8 de junio, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que intimar a Isolux Corsán para que complete tres obras: una pasarela peatonal, un canal de hormigón y una caseta en el superviaducto. Los trabajos debían iniciarse en un plazo de tres días o de lo contrario era pasible de rescisión de contrato por incumplimiento y ejecución de póliza. Desde el MOPC informaron que los trabajos se iniciaron, pero una constitución in situ desmentía esta situación.

El superviaducto fue construido a un costo de G. 124.210 millones por Isolux Corsán, que según una investigación en España habría pagado “comisiones” del 10% para hacerse de la obra. El hecho saltó con la investigación de las cuentas del político español Jordi Pujol Ferrusola, con pruebas de “corrupción internacional” que incluye a Paraguay.

Juez se opuso dos veces

El juez penal de garantías Gustavo Amarilla se opuso en dos ocasiones a desestimar la denuncia de irregularidades en la construcción del superviaducto. Ahora no tiene más remedio que “archivar” el caso por el dictamen de la Fiscalía General del Estado.

El magistrado se opuso a desestimar y dio el trámite de oposición en un primer momento haciendo uso del artículo 314 del Código Procesal Penal. En esa ocasión, el fiscal Nelson Ruiz se ratificó en el pedido de desestimación de la denuncia.

Tras esta situación, Amarilla utilizó el artículo 358 del Código Procesal Penal, que establece: “Falta de acusación. Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. En este último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Público. En ningún caso el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal”.

Ahora, al juez Amarilla no le queda otra opción que archivar el caso.

No retrocederá

A pesar de que en este caso ya no queda nada por hacer, el denunciante del caso y proyectista de la obra, Ing. Hermann Pankow, continuará denunciando las irregularidades. Indicó que el “blanqueo” no le sorprendió, pero aseguró que “por lo menos uno de ellos debe ir a prisión”. Precisó que todavía faltan obras en el superviaducto –entre ellas un puente peatonal sobre el arroyo Itay– que representan casi US$ 3 millones.

Pago de favores

Según fuentes, el blanqueo del caso superviaducto se dio con el visto bueno de la fiscala general Sandra Quiñónez, quien habría cedido a los pedidos del Ejecutivo y su entorno. Ella fue nombrada en el cargo por Horacio Cartes.

Coimas y soborno

La empresa española Isolux Corsan está involucrada en un esquema de coimas y sobornos, según la policía de España. Habría pagado “comisiones” del 10% para hacerse con la construcción del superviaducto en nuestro país.

Sin completar

De acuerdo a informes, el Ministerio de Obras Públicas intimó el 8 de junio pasado a la empresa Isolux Corsan para que complete los trabajos adeudados: una pasarela peatonal, un canal de hormigón y una caseta.

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