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Mañana, en sesión plenaria de la Corte, se designará al nuevo defensor general. La puja está entre los ternados Pedro Mayor Martínez y Lorena Segovia, según se pudo constatar en la audiencia pública realizada la semana pasada en tribunales. El elegido debe contar con cinco votos de los ministros.
En marzo del 2015 la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo era imputada por lesión de confianza junto a su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Aníbal María Benítez. Cuatro años después, un tribunal de sentencia, por unanimidad, los absolvió.
Tras dos años de trabajo, se presentó a la Corte Suprema el proyecto de ley para poner freno a la avalancha de recusaciones infundadas, más conocido como “ley antichicana”. La propuesta –que limita la cantidad de recusaciones y prevé sanciones que van de multa hasta la inhabilitación y la pérdida del 50% de honorarios– alarmó a los abogados, que “contraatacaron” con un manifiesto en que piden sanción por mora.
Los secuestradores Alcides Osmar Oviedo Brítez (49 años), Carmen María Villalba Ayala (48) y Aldo Damián Meza Martínez (38), quienes tendrían que salir en libertad en 2022, cuando completen sus sentencias de 18 años, podrían permanecer al menos 20 años más en prisión por un “error” involuntario de sus abogadas.
Un caso de feminicidio empañó la festividad del Día de la Madre en Itauguá, con el asesinato a tiros de una viuda de nacionalidad argentina a manos de su expareja, quien luego se suicidó. Un día antes, familiares y allegados de víctimas reclamaron el fin de este tipo de crímenes.
Hay que reconocerle al Dr. Martínez Simón, flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, el mérito de haber instalado, al menos en ese nivel, un debate en torno a la morosidad judicial, aunque el tema forma parte del discurso de prácticamente todos los postulantes a un curul en el alto Tribunal. De allí a que con su proyecto de ley se alcance tal objetivo, me parece que estamos bastante lejos.
Mañana se elige al nuevo defensor general. La decisión recaerá en la Corte Suprema de Justicia.
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