Nuestra justicia, más ordinaria que nunca

Lejos de destacarse como pilar de la democracia por su independencia, el Poder Judicial no solamente no ha podido dar muestras de autonomía, sino todo lo contrario.

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Se destacó por fallos de dudosa legalidad, a todas luces producto de subrepticios acuerdos con referentes políticos.

De hecho, es precisamente en el ámbito político donde circularon las primeras versiones acerca del sentido de las resoluciones de la máxima instancia judicial respecto de diferentes temas, días antes de la firma de los fallos correspondientes.

Con la aparente pretensión de no quedar mal con Dios ni con el diablo, la Corte Suprema de Justicia asumió un papel impasible durante la crucial crisis de marzo de 2017, cuando se recurrió a la Corte contra la sesión “mau” durante la cual 25 senadores modificaron el reglamento interno para adaptarlo a necesidades coyunturales. La resolución correspondiente, firmada 1 año después, rechazó in limine la acción presentada contra el atropello a la Constitución.

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Idéntica estrategia asumió en el caso de la acción promovida por el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA, efrainista) contra la resolución del 14 de junio del año pasado, que lo destituyó como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La resolución a su favor salió más de un año después de que Alvarenga haya sido reelecto como parlamentario e integrante del JEM.

Como corolario de su postura acorde a los intereses del poder de turno, dejó en la impunidad la masacre de Curuguaty, al anular la sentencia condenatoria y truncar la posibilidad de un nuevo juicio. El fallo fue recurrido por la Fiscalía porque uno de los camaristas votó por la realización de un nuevo juicio pero, en la parte resolutiva, votó en sentido contrario, lo cual posteriormente fue “corregido” mediante una aclaratoria.

En esferas políticas circula la versión de que la nulidad del fallo condenatorio era una de las exigencias del senador y actual titular del Senado, Fernando Lugo (que fue destituido como presidente de la República a raíz de la masacre), a cambio de impedir el juramento de Nicanor Duarte Frutos y, por ende, también el de Horacio Cartes.

El único proceso abierto a un político que “avanzó”, por así decirlo, es el del diputado José María Ibáñez, por pagar a sus tres caseros con dinero del Estado. Luego de truncar el avance de su causa con chicanas varias durante cuatro años, repentinamente resultó beneficiado con una salida procesal light, resuelta en una audiencia realizada entre gallos y medianoche, ante un juez interino del titular del caso –de vacaciones– y la llamativa anuencia de la fiscala que lo había acusado.

La Corte Suprema de Justicia dio otra muestra de servilismo al convalidar las inconstitucionales candidaturas a la senaduría electiva del presidente de la República, Horacio Cartes, y del expresidente Nicanor Duarte Frutos.

*  Astrea mantiene, como siempre, los ojos bien vendados ante las chicanas de los parlamentarios procesados por corrupción, como Víctor Bogado, Enzo Cardozo, Milciades Duré, Carlos Núñez Salinas, Tomás Rivas, y el político Camilo Soares, cuyas causas llevan meses cajoneadas.

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