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Era la mañana del 4 de noviembre cuando un equipo antidrogas encabezado por el fiscal Celso Morales intervino tras una denuncia sobre la presencia de un cargamento de marihuana en un predio situado en la pequeña localidad de Sargento José Félix Chávez, conocida anteriormente como Puentesiño, por su cercanía con el Brasil, distante a unos 190 kilómetros de la capital departamental.
En efecto, los datos recibidos resultaron ser acertados, puesto que la droga se encontraba oculta bajo unos troncos de madera y todo apuntaba a que la mercadería ilegal quedaría confiscada y el conductor del camión donde estaba guardada sería detenido y puesto a disposición de la justicia al comprobarse la flagrancia en la comisión de un hecho punible, hasta que una turba de aproximadamente 500 personas irrumpió de forma hostil con la intención de frustrar un procedimiento enmarcado en la ley.
Al superar ampliamente en número a los agentes antidrogas, los desconocidos lograron torcer la situación a su favor, despojando de las armas y teléfonos a todos los intervinientes; no contentos con ello, intimaron al fiscal para que cambie el acta de procedimiento y de esa manera deje documentado que no se cometió delito alguno, para luego apoderarse del camión y liberar al conductor, quien resultó ser Odilio Sánchez, hermano de Gabriel, intendente de este distrito concepcionero.
Este calvario duró al menos dos horas, tiempo en que los efectivos recibieron todo tipo de amenazas: desde el asesinato hasta ser quemados vivos, recordó el agente del Ministerio Público, mientras que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, señaló que, a pesar de que intervino la Policía, no reunía la suficiente cantidad de efectivos para hacer frente a centenares de personas y optaron por la devolución de la droga, para evitar un derramamiento de sangre.
Decidido a no dejar pasar el episodio, el fiscal Morales abrió una nueva carpeta fiscal sobre los graves incidentes de esa mañana y con el correr de las investigaciones se logró identificar a unas nueve componentes de la turba, quienes actuaron como cabecillas de la agresión. A pesar de que aún no trascendieron las identidades, se confirmó que varios tienen nexos con la política partidaria e incluso aspiran a cargos electivos como concejales para los comicios municipales de este domingo. Tanto Odilio Sánchez como los otros líderes ya cuentan con orden de captura.
Lo más llamativo del caso es que, de acuerdo a los indicios recabados por la fiscalía, la turba no solo estaba compuesta por adherentes a la ANR, partido al cual responde el intendente Gabriel Sánchez, sino también por gente de otros partidos como el PLRA, lo que alimentó las sospechas de la influencia de la narcopolítica que impera tanto en este distrito como en otros, especialmente los fronterizos con el Brasil.
Las estructuras delictivas que dominan estos territorios aprovechan la permeabilidad de las fronteras y de los propios organismos de seguridad, ya sea por ineficacia, desidia o directamente por corrupción. Los tentáculos llegan incluso a las autoridades locales hasta convertir la zona en liberada para diversas formas de tráfico, tales como de drogas o de madera sacada de los bosques que aún se mantienen en pie.
El agente del Ministerio Público sugiere que este pacto azulgrana fue a los efectos de defender el negocio del tráfico de la marihuana en esta localidad de difícil acceso; incluso se mostró sorprendido por la manera en que olvidaron sus históricas diferencias partidarias para unirse en un objetivo común, que en este caso particular resultó ser al margen de la ley.
Según Morales, la penetración del narcotráfico llega a tal punto que los involucrados no tienen reparo en enfrentar al Estado con tal de continuar con una actividad ilegal. Recordó además que no es el primer amedrentamiento que recibe en el cumplimiento de sus funciones, especialmente de quienes defienden la producción y el tráfico de marihuana como sustento. A más de una semana de este incidente, ninguno de los identificados ha sido detenido hasta el momento, mientras las investigaciones avanzan hacia la presunta injerencia del intendente más allá del lazo familiar con el sindicado como el dueño de la carga.