“narcopolítica”

La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico. En la misma línea renuente a los controles y la transparencia que el cartismo demostró desde la asunción al poder, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral. Entre otras cosas, se propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.

La exsenadora Kattya González advirtió a la ciudadanía que el intendente de CDE, Miguel Prieto, será destituido porque no puede ser comprado por el cartismo y que este representa la narcopolítica neostronista. Llamó a la gente a reaccionar.

El obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, lamentó que la justicia esté manejada por la narcopolítica y manifestó que el pueblo ha perdido totalmente la confianza en sus autoridades. Al mismo tiempo, dijo que la ciudadanía se está despertando y celebró las próximas manifestaciones anunciadas.

El diputado Raúl Benítez (Independiente) manifestó que la realidad supera el “país imaginario” que muestran los anuncios en videos y el marketing barato en las redes sociales del Presidente Santiago Peña. Indicó que el mandatario tiene una agenda “pro muerte” y que el crimen organizado y la corrupción ya hizo metástasis en todas las instituciones del Estado.

El CM, la institución que debe garantizar la elección de los más idóneos postulantes a jueces, fiscales y defensores públicos para fortalecer el sistema de justicia, también está devastado por la injerencia del poder político, la corrupción y la narcopolítica. Así como han utilizado al JEM para coaccionar al Poder Judicial y salvar a los “amigos” o castigar a los “enemigos” a través de los procesos de enjuiciamiento, los miembros del CM dan muestras de elegir ternas para jueces y fiscales “a medida” de las necesidades. Un claro ejemplo de esta situación es el manejo que tiene actualmente el representante de la Cámara de Senadores, Édgar López (PLRA, cartista), exgobernador de Concepción, quien fue escrachado meses atrás por hechos de nepotismo. Ahora podría también tener en su haber un posible conflicto de intereses como miembro del CM, ya que es hermano de Nelson López, abogado de procesados en el caso conocido como “A Ultranza Py”, cuyo fiscal investigador es Deny Yoon Pak. Justamente este abogado denunció recientemente a dicho fiscal ante el JEM, y quien debe entrevistarlo es precisamente su hermano Édgar López.