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La polémica ley fue aprobada gracias a los votos del partido en Gobierno, la conservadora Nueva Democracia, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento heleno, aunque fue apoyada también por los socialistas de Pasok-Kinal (tercera fuerza).
Todos los partidos de oposición votaron en contra, excepto los ultraderechistas Espartanos y el pequeño partido de izquierdas PE, que se abstuvieron.
La legislación contempla que al menos el 45 % de toda la música que se reproduce en casinos, centros comerciales, salas de espera de aeropuertos y puertos, vestíbulos de hoteles y otros lugares públicos tienen que ser piezas griegas.
Además, impone una cuota obligatoria del 70 % para "producciones audiovisuales y películas griegas" que son "financiadas de cualquier manera" por el Estado.
Durante el debate previo a la votación, la ministra de Cultura, Lina Mendoni, señaló que "el rescate" del patrimonio cultural inmaterial griego es un "imperativo" y recalcó que la ley crea "una red de protección" para la música griega.
Mendoni ha sostenido que la globalización en la industria de la música ha dejado de lado injustamente a la música griega y que las estadísticas muestran que esta representa sólo el 30 % de lo que se reproduce públicamente.
No obstante, la ley ha provocado duras reacciones por parte de los profesionales a los que afecta.
La Asociación de Productores Independientes de Material Audiovisual (SAPOE) calificó de "inconstitucional" la medida, que pretende imponer una "obligación escandalosa" a las producciones audiovisuales, incluso a aquellas que reciben ayudas mínimas por parte del Estado.
También el sindicato de hoteleros (POX) recalcó en un comunicado que la ley "es inconsistente con el marco de principios y valores de una democracia europea liberal moderna".
El principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, ha ido más lejos al comparar la medida con algunas de las tácticas que seguía la dictadura de los coroneles en Grecia, que había prohibido a los Beatles y las minifaldas en los años 60.
La legislación contempla además que se ofrecerá más tiempo de emisión comercial y otros beneficios a aquellas estaciones de radio locales que decidan reproducir más melodías griegas, lo que ha sido calificado como una "intervención gubernamental antiliberal" por parte de los productores radiofónicos.
Mendoni se ha defendido de las acusaciones señalando que Grecia no es el primer país que introduce cuotas obligatorias para proteger su música.
"Francia tiene el marco más estricto para la protección de la música y la lengua francesa", señaló la ministra, y recalcó que ese país introdujo con éxito cuotas obligatorias similares en 1986.