Incidente entre seguidores y opositores de Miguel Prieto

CIUDAD DEL ESTE. Dos grupos de manifestantes apostados frente a la Fiscalía de Ciudad del Este protagonizaron algunos incidentes que no llegaron a mayores gracias a la intervención policial. Por un lado se encuentran los seguidores del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), mientras que por el otro están los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramude), quienes llegaron al lugar para expresar su oposición al intendente Miguel Prieto.

Los agentes policiales procedieron a separar a los dos grupos tras el incidente.
Los agentes policiales procedieron a separar a los dos grupos tras el incidente.

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La movilización se inició con los simpatizantes del jefe comunal, quienes acompañaron a un convoy de camiones cargados con adornos de la Navidad Sustentable 2.0 con el objetivo de solicitar que se desestime denuncia por supuestos malos manejos de los recursos destinados a dicho proyecto.

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En cierto momento la situación se volvió tensa entre los dos grupos antagónicos, quienes comenzaron a insultarse y arrojarse huevos. La situación se controló cuando se formó un cordón policial para separar a los intervinientes.

Uno de los alcanzados por los huevos es el periodista Carlos Darío Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, que entre el 2010 y el 2018, fue uno de los mimados de la familia Zacarías, tanto en la Gobernación como en la Municipalidad. Fue beneficiado con contratos millonarios para el servicio de publicidad.

El mismo fue blanqueado la semana por la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, que confirmó la resolución de la jueza Penal de Garantías Cinthia Garcete, por lo sobreseyó, al igual que a Sandra McLeod y otros siete procesados

La denuncia

La semana pasada, concejales municipales y miembros de la Contraloría Ciudadana presentaron una nueva denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos, por lesión de confianza, producción inmediata de documento público de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y peculado.

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Los denunciantes sostienen que G. 2.000 millones de los fondos municipales fueron utilizados para compras de materiales a precios supuestamente sobrefacturados.

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