La ONG denunció que Martínez, conocida en Nicaragua como la “abogada de los presos políticos”, fue arbitrariamente retenida el sábado por la Policía Nacional “mientras ejercía su labor como defensora” en la comunidad de San Jorge, municipio de Rivas, al sur del país.
Ese organismo recordó que la abogada es beneficiaria de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que, según denunció, “no son respetadas por el Estado y Gobierno de Nicaragua”.
“Exigimos el cese de la represión y persecución política en su contra, así como la libertad plena para las presas y presos políticos en Nicaragua”, abogó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que compartió en sus redes sociales un video divulgado por Martínez cuando fue retenida por agentes.
En una resolución el pasado 2 de diciembre, la CIDH advirtió que Martínez y su familia “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, que sufrió un supuesto intento de homicidio el pasado 5 de noviembre que no fue investigado por las autoridades, así como “amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, en los cuales mostraban imágenes de mujeres asesinadas de forma violenta”.
Las medidas a favor de Martínez, que defiende a más de 20 de las 80 personas que permanecen privadas de libertad tras haber participado en manifestaciones antigubernamentales, fueron extensivas a su núcleo familiar, que incluye a sus hijos menores de edad.
El régimen filocomunista de Daniel Ortega mantiene el férreo control del poder en ese país centroamericano.