Numerosas son las víctimas de la mafia de los pagarés en todo el país. En la ciudad de Luque, un grupo de ciudadanos afectados por esta rosca mafiosa decidió tomar medidas por cuenta propia: reservarse el derecho de admisión en sus locales comerciales y exponer, mediante imágenes, a las personas que estarían implicadas en el caso.
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El señor Juan Carlos Ibarrola Villalba, quien tiene su local comercial —una farmacia— sobre la Avda. Prof. Tsunesaburo Makiguchi c/ José Pío Ibarrola, en la compañía Itapuamí de Luque, decidió escrachar a las personas que, según expresó, le robaron la tranquilidad familiar y financiera.
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En una hoja impresa colocó las imágenes de los presuntos implicados. Entre ellos, la exjueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz, y los abogados Zully Ortiz García y Milcíades Toledo Morínigo. Sus nombres aparecen como epígrafe junto al título: “Se prohíbe la entrada en esta farmacia a estos delincuentes de la mafia de los pagarés”.
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“Decidí hacer esto porque ellos un día robaron la tranquilidad familiar y económica de muchas personas. Ellos tampoco merecen vivir en paz. Y vamos a escracharlos en todas partes, donde vayan sus hijos, para que vean qué clase de padres tienen; en las escuelas, colegios, bares, donde ellos frecuenten, no les vamos a dejar en paz”, arremetió la víctima.
Confabulación entre abogados, jueces y ujieres
“El estudio jurídico que llevó mi caso para demandarme fue Vanessa y Asociados, de Zully Ortiz. Este estudio jurídico, según se supo, llegó a presentar demandas en Chaco’i, Villa Elisa, Villarrica y en otras localidades, y trabajaba en confabulación con ujieres que supuestamente notificaban las demandas sacando fotos de lugares que no correspondían. Los jueces también formaban parte de la rosca mafiosa, porque sabían todo el modus operandi”, manifestó.
Ibarrola recordó que fue demandado en el año 2015, pero recién el año pasado se dictó el mandamiento desde el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval para ejecutar el cobro de guaraníes de los pagarés que niega haber firmado. La orden fue dada por el entonces juez de Paz, Roberto Carlos Ferreira, quien actualmente ya fue apartado del cargo de magistrado.
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Actualmente, existen miles de víctimas. Algunas que siguen peleando para ganar sus casos. Mientras que otras ya han logrado vencer al esquema judicial que perjudicó a muchas familias.