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GINEBRA (EFE). En su exposición salieron a relucir las represalias que toma el régimen de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”, reveló.
Asimismo, hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.
Además de ello la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que han colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esa Misión –que trabaja de forma independiente del organismo que dirige Bachelet, que le aporta únicamente apoyo técnico– se presentó en la víspera ante el mismo Consejo de Derechos Humanos para exponer los últimos resultados de sus pesquisas.
La denuncia más grave que hizo tuvo que ver con doscientas ejecuciones extrajudiciales solo desde el pasado septiembre por parte de las fuerzas de seguridad.
En total, se sabe de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones bajo el régimen chavista.
Además de casos de tortura, encarcelamiento y exilio, y el éxodo por la pobreza desatada (por la destrucción de la economía y la corrupción galopante) de más de 5 millones de venezolanos.
En su presentación, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
Entre las víctimas también hay miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Por otra parte, la alta comisionada dijo que ha recibido datos que indica que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
La consecuencia sería que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Remarcó que la asistencia humanitaria es más esencial que nunca y que por ello son preocupantes las restricciones dictadas por el Gobierno al trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Algunos representantes de ONG que tomaron la palabra después de Bachelet denunciaron que los planes de vacunación del Gobierno están guiados por intereses políticos.
Los lotes de vacunas que ha recibido Venezuela hasta el momento han sido enviados por Rusia y corresponden a la vacuna que este país ha desarrollado.
El embajador del régimen chavista repitió una vez más que todas las denuncias son producto de campañas de medios internacionales contra Venezuela.