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El proceso apuntaba a suspender el registro de Caldas como abogado, lo cual le habría impedido ejercer, pero ha sido anulado tras la sentencia absolutoria dictada en un juicio que había sido impulsado por Michella Marys, con quien mantuvo una "unión estable" durante trece años.
Las denuncias fueron interpuestas por Marys en 2018, lo que en mayo de ese mismo año llevó a Caldas a renunciar a su mandato como juez de la Corte IDH para concentrarse en su defensa.
En 2020, el jurista fue condenado en primera instancia a cinco meses de prisión, sustituibles por servicios comunitarios, por unas supuestas amenazas y constreñimiento, aunque el fallo desestimó las acusaciones de agresión.
En agosto pasado, un tribunal superior anuló esa sentencia pues no halló pruebas de las acusaciones presentadas por Marys, que a su vez ahora responde ante la Justicia por falsas denuncias de acoso sexual formuladas por la Policía Civil de Brasilia.
Por ese mismo delito, junto con Marys, las autoridades también han acusado a dos antiguas empleadas de la casa de la pareja, que habrían sido presionadas por la exmujer del jurista para secundar inicialmente su versión.
Cuando el escándalo salió a la luz, Caldas representaba a Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Costa Rica y que juzga denuncias sobre temas relacionados con los derechos humanos.
Postulado por el Gobierno brasileño, la OEA lo eligió en 2012 para un mandato que comenzó en 2013 y debía concluir a finales de 2018. Además, presidió la Corte entre 2016 y 2017.
El magistrado desarrolló toda su carrera en las áreas de derechos humanos, laboral y de combate al trabajo esclavo y fue miembro de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de Brasil entre 2006 y 2012.