"Se han producido muchos tiroteos en los últimos dos días, lo que ha llevado a la salida de las organizaciones que operan en la ciudad de Tambura", aseguró a Efe el gobernador de dicha ciudad, Mathiew Maping.
Además, destacó que las ONG recibieron órdenes para abandonar la zona tras la reanudación de los enfrentamientos que han causado el desplazamiento de 80.000 ciudadanos desde el pasado junio, según el último recuento de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios publicado el pasado septiembre.
Maping hizo un llamamiento a estos grupos humanitarios para que regresen después de que las fuerzas gubernamentales hayan llegado a la ciudad para imponer "la estabilidad" con el fin de "proteger la ciudad", aseveró.
El ministro de Información del estado de Ecuatoria Occidental, William Adriano, declaró hoy en la radio oficial que las ONG que tienen sus sedes en la ciudad de Tambura se retiraron por "la continuación de los actos violentos en la zona".
Además, destacó que los responsables de estas ONG le llamaron para informarle de su retirada y la suspensión de todas las actividades en la zona hasta que vuelva a la normalidad, sin dar más detalles de cuáles son las organizaciones que han evacuado a su personal.
Alrededor de 80.000 personas han huido de sus hogares en Tambura desde el pasado junio por los combates que han causado un número indeterminado de civiles muertos y heridos, según la ONU.
En su último informe, la ONU aseguró que hay "cadáveres abandonados descomponiéndose en las afueras de Tambura, sin que sean enterrados adecuadamente, además del aumento del número de niños no acompañados y separados".
Desde hace meses se mantiene un conflicto entre las tribus asentadas en la región, en concreto la etnia Zande, que representa a una mayoría de la población en la zona, contra la otra llamada Balanda, a la que pertenece el nuevo gobernante del estado Ecuatoria Occidental, Alfred Krapa.
La violencia tribal ha llevado en numerosas ocasiones a que varias ONG hayan dejado de operar en diferentes estados del país por los ataques contra sus empleados, así como por el saqueo de sus sedes y propiedades.
El retraso en el proceso de paz, que arrancó en agosto de 2018 tras más de cuatro años de conflicto entre el Gobierno y las milicias rebeldes, ha llevado a que aumente la inestabilidad en el país más joven del mundo.