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El registro, que circula hace varios días en redes sociales, muestra a un grupo de cerca de medio centenar hombres fuertemente armados bajo el nombre de Weichan Auka Mapu (WAM), una organización radical autonomista mapuche que reivindica acciones de sabotaje contra grandes empresas forestales en la región de La Araucanía, más de 700 kilómetros al sur de Santiago.
En el vídeo se vierte la amenaza de combatir "con armas" a las fuerzas de seguridad del Estado chileno si estas no abandonan el territorio, dada la militarización de la zona que decretó el Gobierno con el objetivo de contener una escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Según la querella presentada por el Ejecutivo, lo mostrado en el vídeo permite sostener que se está en presencia de un "grupo armado organizado que está dispuesto a utilizar las armas para el logro de sus objetivos".
La acción del Gobierno llegó un día después de que la viralización de las imágenes llevase a la Fiscalía Regional de La Araucanía a abrir una investigación de oficio para esclarecer los hechos, en tanto los autores, el origen, lugar y fecha de grabación no están aún claros para la autoridad.
"A raíz del vídeo que circula en redes sociales la Fiscalía ha resuelto aperturar de oficio una investigación la cual ha sido encomendada a un fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad bajo las figuras contempladas en la Ley de Armas, particularmente, la formación de milicia privada o de grupo de combate", señaló la vocera del Ministerio Público, Daniela San Martín.
El sur de Chile ha experimentado en el último tiempo una ola de violencia y muchos de esos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó a mediados del pasado octubre el estado de excepción constitucional en la zona, que en la práctica supone una militarización y emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, para combatir esta violencia así como el narcotráfico y el crimen organizado.
El pasado martes, Piñera solicitó al Congreso prorrogar la medida por otros 15 días a contar desde el 11 de noviembre.
La situación actual ha despertado diversas reacciones, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Santiago de Chile, que lamentó la reciente muerte de un comunero mapuche en un operativo se seguridad y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno y la escalada de violencia que se está produciendo.
El coordinador regional para la Macrozona Sur en el Biobío, Roberto Coloma, defendió la militarización en declaraciones al medio local Pauta y dijo que en la zona operan "organizaciones armadas, terroristas, con alto poder de fuego" que es necesario combatir con las Fuerzas Armadas.
La medida ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto, y diversos diputados opositores ya anunciaron que votarán en contra de la prórroga.