El Consejo explicó en un comunicado que ha tomado esta determinación a la luz del proceso político pacífico que se inició con las elecciones generales de mayo de 2020 y que “ha abierto una nueva ventana de esperanza para la población” de Burundi.
Desde esos comicios, la UE “ha reconocido los progresos realizados” por el Gobierno de Burundi con respecto a los derechos humanos, la buena gobernanza y el Estado de derecho, así como los compromisos asumidos en su hoja de ruta para seguir mejorando esas áreas.
Además, destacó que gran número de refugiados ha regresado voluntariamente a Burundi y que se ha revitalizado la cooperación con la comunidad internacional y los países vecinos.
“Quedan desafíos persistentes en las áreas de los derechos humanos, la buena gobernanza, la reconciliación y el estado de derecho. Sería beneficioso para todos los burundeses seguir avanzando (…) en el marco del diálogo político en curso entre la UE y Burundi”, indicó en cualquier caso.
Aseguró que la UE, junto con otros socios internacionales, está dispuesta a apoyar los esfuerzos en curso de las autoridades de Burundi para estabilizar y consolidar las instituciones democráticas, promover los derechos humanos, la buena gobernanza y el Estado de derecho, y cumplir los compromisos asumidos en la hoja de ruta.
Tras el deterioro de la situación en Burundi en el período previo a las elecciones legislativas y presidenciales de junio y julio de 2015, la UE consideró que la República de Burundi no cumplía con los elementos esenciales establecidos en el artículo 9 del acuerdo de Cotonú -que rige las relaciones entre la Unión y los países del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico)- sobre derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
Así, adoptó medidas restrictivas en marzo 2016 en virtud del artículo 96 de ese acuerdo, consistentes en suspender la ayuda directa a las autoridades, mientras decidió mantener la asistencia humanitaria a la población.
A mediados de 2015, el anterior jefe del Estado, Pierre Nkurunziza -en el poder desde 2005 hasta su fallecimiento por un ataque al corazón en 2020- anunció que se presentaría a un tercer mandato en contra del límite fijado en la Constitución.
Esta decisión desencadenó protestas populares, duramente reprimidas por la Policía, que dejaron cientos de muertos y medio millón de desplazados, según la ONU, además de un intento fallido de golpe de Estado en mayo de aquel año.
Entonces, Nkurunziza empezó una campaña de coacción violenta con ataques brutales y selectivos contra sus opositores, en connivencia con las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y la milicia juvenil estatal Imbonerakure.
Estados Unidos, por su parte, también ha decidido levantar las sanciones que impuso a Burundi por la violencia desatada en 2015.