El jueves, el excomisionado militar José Manuel Castañeda fue declarado culpable por la desaparición forzada de tres líderes sociales en 1983, condenado además a 45 años de prisión.
De igual forma, el pasado 24 de enero otro tribunal del Organismo Judicial guatemalteco sentenció a 30 años de cárcel a cinco paramilitares por la violación sexual sistemática de 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985.
"Estos dos casos nos han demostrado que la resistencia de las víctimas del conflicto armado interno, y prioritariamente de las mujeres, es un pilar para construir nuevas sociedades o más informadas", explicó a Efe el abogado de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Carlos Juárez.
De acuerdo con el jurista, es "gratificante" que el 2022 "haya iniciado" con "varias causas" de justicia transicional, además de elogiar a las familias de las víctimas por nunca rendirse.
Ambos crímenes juzgados este año forman parte del conflicto armado interno en Guatemala, una de las guerras civiles más sangrientas del continente que dejó más de 245.000 personas asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1996, más del 90 % de ellos a manos del Estado, según organismos internacionales.
EL CASO TACTIC
La sentencia de este jueves en contra de Castañeda Aparicio, exmiembro del Ejército de Guatemala, obedeció a la desaparición forzada de Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, de 22, 18 y 42 años de edad, respectivamente.
Los tres eran "líderes sociales que trabajaban para mejorar las condiciones de vida" de su "comunidad" en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, unos 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo con la organización no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
Según la acusación probada por el tribunal, López Quej, Guerrero López y López Ac fueron "sacados de sus casas" en enero de 1983 por más de "25 personas portando pasamontañas, armas y se los llevaron con rumbo desconocido" bajo el mando de "los comisionados militares Baltazar Milián y José Manuel Castañeda Aparicio".
López Quej y Guerrero López siguen desaparecidos, mientras que los restos de López Ac fueron encontrados durante 2016 "en una fosa del cementerio clandestino" de una base militar.
"Que tan siquiera digan más o menos dónde los fueron a dejar", dijo Casilda López, familiar de las víctimas, durante una audiencia del juicio el pasado 17 de febrero. "Lo que yo quiero es saber dónde están. Somos tres familias que estamos buscando", añadió.
EL CASO POR VIOLACIONES
Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí, cuyo caso fue resuelto el pasado 24 de enero, tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal, también en Alta Verapaz, desde 1981 hasta 1985.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, de acuerdo a la Fiscalía.
Los responsables, cinco miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), fuerza controlada por el Ejército de Guatemala, fueron declarados culpables de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil, cargos de los que se habían declarado inocentes.
Los condenados a 30 años de prisión son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
El 20 de enero, en una conversación con periodistas, Teresa Cacaj, una de las víctimas de las violaciones, afirmó que pese a sentirse enferma y decaída aún podía "luchar un poco" en busca de justicia.
"Para nosotros son un ejemplo estas familias porque lograron justicia", explicó este viernes el abogado del Grupo de Apoyo Mutuo.
Juárez resaltó además que los familiares de los tres desaparecidos en el caso 'Tactic' incluso se repusieron a un primer juicio fallido en 2014, donde el comisionado militar había sido declarado inocente, hasta que se apeló la decisión judicial.
"El señor fue absuelto en 2014. Se hicieron las apelaciones respectivas y en 2016 se dio a la fuga y no se supo mayor cosa. Hasta septiembre de 2021, cuando fue recapturado", recordó el representante del GAM, una entidad nacida durante el conflicto armad interno.
Además, Juárez recordó que el excomisionado militar es "papá de Ana Sofía Castañeda, alias La Sirenita", quien formaba parte del crimen organizado y cuyo poder pudo "haber logrado que lo liberaran en 2014", pero no "ahora con su poder disminuido".
En el presente varios casos de justicia relacionados con el conflicto armado interno en Guatemala se ventilan en diversos juzgados y según expertos otros permanecen detenidos en el Ministerio Público (MP, Fiscalía), bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos acusada de "obstruir" casos de alto impacto.
La condena del jueves fue "una victoria que lleva implícito mucho de resistencia", advierte Juárez, "ya que las condiciones nunca han sido ideales para temas de justicia transicional, y hoy vemos como esta justicia transicional es un contrapeso a tanta impunidad que se produce en el presente" en Guatemala, concluyó.