"Al resto de funcionarios de las instituciones públicas y militares, que a diario son sometidas para ser instrumentos de actos de corrupción desmedidos que benefician a la cúpula y élite de la tiranía Ortega-Murillo, les decimos que nos solidarizamos con su resistencia desde dentro y les llamamos a denunciar los actos de la dictadura", señaló la Unidad Nacional en una declaración.
Durante una sesión telemática del Consejo Permanente de la OEA, McFields dijo hablar "en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares", al afirmar que "la gente de adentro y la gente de afuera (funcionarios) está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta".
El nicaragüense sostuvo que los funcionarios "son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo".
Según la unidad opositora, la acción de McFields demuestra la debilidad del Gobierno de Nicaragua, que inmediatamente tomó distancia de su embajador.
"La dictadura está débil y hoy se ha hecho patente el estado en el que se encuentra. Llamamos a la resistencia ciudadana activa, dentro y fuera del país, en contra del régimen orteguista, que conlleve a una transición a la democracia, a la libertad y justicia sin impunidad, sin presos y presas políticas", propuso.
La Cancillería nicaragüense dijo este miércoles que "el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez".
En su denuncia, McFields habló de los "presos políticos", de los centenares de personas muertas en protestas desde 2018, aseguró que "en el Gobierno nadie escucha y nadie habla", criticó la cancelación de "137 ONG" y lamentó que más de 170.000 nicaragüenses "han huido del país".
La Unidad Nacional solicitó a la OEA "continuar incoando los mecanismos de aplicación de la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 19, 20 y 21, que culmine con la suspensión del Estado de Nicaragua de la organización", ya que el Gobierno sandinista "no es viable para las grandes mayorías, que ya no gobierna y se sostiene en el poder solo por la fuerza".
El 10 de enero pasado, Ortega inició su quinto mandato y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, tras unas elecciones muy cuestionadas local e internacionalmente.
En medio de las críticas a los comicios, Ortega ordenó sacar a Nicaragua de la OEA, un proceso que podría hacerse efectivo a finales de 2023.