Horas después de decretar el Estado de excepción el pasado 25 de julio -con el cese del primer ministro y la suspensión del Parlamento- y arrogarse plenos poderes, Said ordenó el cierre de la oficina de la cadena catarí Al Jazeera y, dos días más tarde, destituyó al presidente de la televisión pública, cuya sede está custodiada desde entonces por un tanque del Ejército.
Si bien el mandatario era un habitual de los debates televisivos durante el último lustro antes de comenzar su carrera política, desde su llegada al poder en 2019 rompe su relación con los medios y la cuenta de Presidencia en Facebook se convierte en la única fuente oficial de esta institución.
Un claro ejemplo fue a principios de diciembre, cuando el jefe del Estado celebró junto a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, una "conferencia" en ausencia de periodistas que, según su consejero presidencial Walid Hajjem, "respondió a todas las cuestiones que podían haber sido preguntadas".
Para el corresponsal de Al Jazeera, Lotfi Hajji, es un cambio de actitud hacia los periodistas que no logra comprender. Sin ningún motivo oficial ni orden judicial, explica, el equipo audiovisual de la cadena ha sido requisado, su permiso de grabación retirado y su oficina permanece vigilada 24 horas al día por agentes de la Policía.
"Mi despacho ahora está en la sede del sindicato", relata a Efe Hajji que señala el pequeño jardín convertido en plató improvisado, "y cuando está ocupado trabajo justo en frente desde mi coche".
Acusada de ser cercana al islam político en la región, y al partido islamista Ennahda en Túnez, la cadena -que emplea a un total de 23 personas- asegura haber trabajado con total libertad desde el inicio de la transición.
"Si hay algo en lo que todos los tunecinos estamos de acuerdo es que la libertad de prensa es uno de los grandes logros de la revolución de 2011. Eramos un ejemplo en la región", lamenta este periodista con treinta años de carrera, que trata de sortear los escollos de las autoridades como hizo en su día con el antiguo régimen.
El acceso a la información, en especial con la Presidencia de la República y el Gobierno, se ha convertido en un obstáculo sistemático y resultado de una voluntad política , denuncia el presidente del SNJT, Yasine Jelasi.
"Said dice comunicarse directamente con el pueblo pero no es así como se habla al pueblo. Las preguntas y la información que piden los periodistas no son para ellos, no la recopilan y se la llevan a casa. Tiene miedo a enfrentarnos », señala Jelasi.
Uno de los mayores peligros para la profesión, revela el sindicalista, "son las milicias en las redes sociales formadas por fanáticos de Said que acosan y atacan a periodistas pero también a personalidades políticas, sindicalistas y miembros de la sociedad civil y que lleva a algunos de ellos a autocensurarse".
La presión aumenta todavía en los medios públicos tunecinos, advierten sus empleados, que en las últimas semanas han llevado a cabo protestas en las redacciones y una huelga general el pasado 2 de abril para denunciar los intentos por controlar la línea editorial a través del nombramiento de responsables cercanos al poder.
"Son tentativas para doblegar a los medios públicos, que son medios al servicio público y no al Estado", defiende la presidenta del sindicato de la televisión Watanya, Houda Wart.
Entre la prensa extranjera vuelve a instalarse el sentimiento de inseguridad, confiesa un periodista basado en el país desde hace una década que prefiere mantener su anonimato, "ya no existe ningún contrapoder que nos proteja y en cualquier momento uno puede recibir la visita de la Policía y encontrarse ante la brigada antiterrorista".
El SNJT denunció este mismo viernes la detención de una segunda periodista, Chahrazed Akacha, después de que el pasado mes el corresponsal de la radio local Mosaïque FM, Khelifa Guesmi, estuviera en detención policial durante una semana en virtud de la ley antiterrorista tras informar del desmantelamiento de una presunta célula yihadista y tras negarse a revelar sus fuentes.
Túnez escaló hasta el puesto 73 de un total de 180 país según la clasificación mundial sobre la libertad de prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras. Una libertad "rehén de los actores políticos de una transición democrática llena de imprevistos", alerta la organización en su último informe.