En principio, estaba previsto que este instrumento jurídico, que no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, se aprobara en abril en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
El nuevo Código Penal, que sustituye al de 1988, incluye 37 nuevos delitos como el de "desórdenes públicos" para penalizar "las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente", según el sitio web oficial Cubadebate.
También prevé sancionar con hasta 10 años de prisión a toda persona que "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
Los medios independientes —los no oficiales, que operan en un vacío legal— consideran que el Gobierno podría utilizar esta medida contra ellos, porque su viabilidad económica depende en gran medida de fondos extranjeros.
Las personas que obstaculicen las vías públicas de forma "peligrosa" u ocupen edificios podrían ser condenados con entre tres y ocho años de cárcel.
Las autoridades aseguran que la reforma del Código Penal busca actualizar la legislación para incluir delitos no regulados antes, como los relacionados con el medioambiente y la ciberseguridad.
La propuesta se actualiza a casi un año de las masivas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, las mayores en décadas, desatadas principalmente por la grave crisis económica que atraviesa el país.
Los diputados cubanos analizarán también el proyecto de ley de Ejecución Penal que, de aprobarse, agruparía por primera vez las resoluciones existentes en esa materia, explicó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, citado por el diario oficial Granma.