Bolivia repatría restos de connacional víctima de feminicidio en Argentina

La Paz, 6 jul (EFE).- El cuerpo de una boliviana de 31 años que fue víctima de feminicidio en Argentina fue repatriado este miércoles, informó el Ministerio de Exteriores de Bolivia.

Los restos de Ángela Patricia R.R. arribaron en la tarde al aeropuerto internacional de Viru Viru, en la región oriental de Santa Cruz, en un "vuelo solidario" de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), según un comunicado de prensa de la Cancillería boliviana.

El traslado fue posible mediante un convenio entre el Ministerio de Exteriores y BoA que establece las condiciones de cooperación del traslado aéreo de bolivianos repatriados en todas sus rutas nacionales e internacionales y la habilitación de vuelos solidarios de retorno a la patria, indica la nota.

"En esta línea se continúa con la Asistencia y Protección Consular para lograr que la hija de la connacional fallecida pase a custodia de su abuela y, de forma posterior, pueda ser repatriada a Bolivia", agrega.

Ángela Patricia R.R. era comerciante y vivía en la localidad de Catriel, en la provincia argentina de Río Negro, junto a su hija de 8 años.

La mujer fue reportada como desaparecida el pasado 28 de junio y su cuerpo fue hallado dos días después, luego de que su expareja, el también boliviano Fernando C., confesara el crimen y el lugar donde dejó el cadáver, según reportaron medios argentinos.

La víctima ya había denunciado antes al hombre por violencia de género.

En Bolivia los feminicidios se sancionan con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la condena máxima de la legislación penal en el país, mediante una ley contra la violencia machista vigente desde 2013.

No obstante, las organizaciones feministas vienen reclamando desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuestos y personal adecuado para atender estos sucesos.

El Gobierno de Luis Arce promulgó el lunes una ley que retira el beneficio de la detención domiciliaria a los investigados por feminicidios, infanticidios o abusos sexuales y endurece las sanciones contra operadores judiciales que demoren estos procesos o favorezcan de alguna forma a los acusados.

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