La petición fue presentada en el marco de la operación Némesis VII, puesta en marcha este viernes por el Ministerio Público, y abarca "15 bienes inmuebles, 6 vehículos, 16 cuentas bancarias, 2 sociedades mercantiles y un lote de semovientes", indicó el organismo en un comunicado.
La solicitud de privación de bienes también incluye propiedades de la esposa de Ramírez, Thelma Umaña, quien fue localizada en España y también es requerida por lavado de activos, añadió.
Según la versión oficial, entre 2007 y 2016, Ramírez hizo movimientos financieros por alrededor de 37,7 millones de lempiras (1,5 millones de dólares), de los que no ha logrado justificar 26,7 millones de lempiras (1,09 millones de dólares).
Su esposa no ha podido justificar 1,4 millones de lempiras (60.234 dólares) de 3 movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras (más de 81.772 dólares), precisó el Ministerio Público.
Entre los bienes que el Ministerio Público solicita su confiscación definitiva figura una lotificadora que consta de más de 400 lotes de terrenos, ubicada en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador.
Ramírez tildó hoy la petición del Ministerio Público de "arbitraria" y afirmó que no ha cometido ningún delito.
"Es un encauzamiento judicial arbitrario porque yo no he cometido ningún delito, el delito por el que me acusan no existe", recalcó Ramírez en comunicación telefónica con Radio América, de Tegucigalpa.
Agregó que hasta ahora no ha hablado con sus "apoderados legales sobre este caso de aseguramiento definitivo, pero no es cierto lo que están diciendo, que se trata de 40 bienes que son de mi propiedad".
Dijo que no entiende la persecución en su contra y denunció que "el verdadero cáncer son las Fuerzas Armadas, ya que son una institución que se ha prestado para situaciones irregulares, un golpe de Estado (de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya) y para montar una narco dictadura y traficar drogas".
"Lo que están haciendo es una ilegalidad, es algo no correcto, su patrón (el expresidente Juan Orlando Hernández) ya está preso (en Estados Unidos) y siguen con lo mismo", subrayó.
Hernández, de 53 años, fue extraditado el 21 de abril a Estados Unidos, que lo acusa de 3 delitos cometidos supuestamente entre 2004 y 2022 asociados al tráfico de cocaína y al uso de armas.
Ramírez indicó que el trabajo del Ministerio Público ha sido "proteger la narco dictadura, el tráfico de drogas y todo lo que es crimen organizado".