Se trata de una mujer de 30 años identificada como Gabriela Olga Sevilla Torello, quien salió el miércoles de su casa y estuvo en paradero desconocido hasta esta madrugada, cuando fue hallada sin su supuesta hija.
El escándalo desató versiones contradictorias por parte de las autoridades del país, que siguen investigando el caso.
Mientras la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, aseguró que se seguía la búsqueda de la presunta recién nacida, quien sospechaba que había sido víctima de una red de trata de personas, el ministro del Interior, Willy Huerta, dijo que el reporte médico determinó que Sevilla no estaba embarazada.
La afirmación de Huerta fue posteriormente confirmada por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que concluyó que la joven “no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo, aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes”.
Incluso el Poder Judicial emitió un pronunciamiento por redes informando de que el fingimiento del embarazo o el parto es un delito que contempla una “pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años”.
Sevilla, por su lado, reafirmó a la prensa local que sí estaba embarazada y que “tiene registros de los latidos” de su hija.
Más allá de ese vaivén de declaraciones, el caso de la joven ha encendido relatos de mujeres que expresaron en las redes el terror de vivir en un país que solo en 2021 reportó más de 5.900 mujeres desaparecidas.
De ellas, 2.007 eran adultas y 3.897, niñas y adolescentes. Esto supone un promedio de 16 mujeres por día y, muchas, nunca reaparecieron.
En los primeros siete meses de 2022, Perú reportó 3.036 notas de alerta por este delito. Fueron, en total, 6.788 denuncias registradas en los primeros seis meses de este año, de las cuales se ubicaron 3.203, es decir, un 47 %, según datos de la Defensoría del Pueblo.