El Ejecutivo de Camberra espera que la ley, que tiene aplicación retrospectiva y abarcará crímenes por terrorismo cometidos tanto en el territorio nacional como en el extranjero, sea aprobada por el Parlamento australiano a finales de año, agregó la fuente, que no quiso ser identificada.
La legislación australiana de seguridad nacional permitía que el ministro del Interior tuviera la potestad de quitarle la ciudadanía a las personas con doble nacionalidad condenadas por terrorismo.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, determinó en junio pasado que este poder discrecional era inconstitucional porque no respetaba la separación de los poderes del Estado.
"Las leyes que fracasan en los tribunales no hacen que el país sea más seguro", dijo la ministra australiana del Interior, Claire O'Neil, en declaraciones recogidas este lunes por el portal de noticias news.com.au al comentar la enmienda propuesta por el nuevo gobierno laborista, que ganó los comicios generales en mayo pasado.
La mencionada decisión del Tribunal Superior de Australia estuvo vinculada al caso del ciudadano turco-australiano Delil Alexander, a quien el otrora ministro del Interior, el conservador Peter Dutton, le revocó la ciudadanía en julio de 2021 por sus presuntos lazos con el Estado Islámico (EI).
A raíz de ese fallo, el Ejecutivo de Camberra tuvo que restituir la ciudadanía a Alexander, aunque se cree que existe al menos una veintena más de individuos presuntamente vinculados a acciones terroristas que busca recuperar la nacionalidad australiana.
Una de ellas es Zehra Duman, quien salió del país en 2014 para casarse con un combatiente islámico y que presentó una demanda ante el Tribunal Superior para pedir que le devuelvan la ciudadanía tanto a ella como a sus dos hijos, agregó el medio local.
El otrora gobierno de la coalición conservadora aprobó una ley para despojar de su ciudadanía a los terroristas con doble nacionalidad en 2015, entonces bajo la administración de Tony Abbott, como parte de una batería de medidas legales para evitar que el país acogiera a miembros del EI.