"La resolución pacífica (...) es importante para los civiles porque la mayoría de violaciones se están produciendo en el contexto del conflicto, pero el cese de las hostilidades solo será sostenible si tiene elementos de justicia y rendición de cuentas", declaró hoy a los medios en Nairobi Fisseha Tekle, investigador de la organización para Etiopía y Eritrea.
Las conversaciones de paz, que arrancaron el pasado martes en la ciudad sudafricana de Pretoria, deberían dar lugar a "mecanismos" para garantizar que se lleve ante la jJusticia a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, que podrían suponer crímenes de guerra y de lesa humanidad, señaló AI.
"Este conflicto está sucediendo en un contexto de impunidad cultural que existe desde hace décadas", dijo Fisseha.
Según el investigador, varias "barreras" obstaculizan la consecución de justicia para estas "atrocidades", como el hecho de que el Código Penal etíope no contemple los crímenes de lesa humanidad, de modo que los acusados son juzgados por delitos ordinarios, como violación.
Por otro lado, todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto están siendo juzgados en tribunales militares "que no cumplen con los criterios de un juicio justo".
Etiopía anunció por primera vez en mayo de 2021 que tres soldados de su Ejército fueron condenados por violación y uno por el asesinato de un civil en Tigré, mientras más de 50 militares debían enfrentarse a juicios por las mismas acciones.
Sin embargo, a día de hoy, debido a la opacidad "no hay claridad o un conocimiento público sobre estos juicios" y AI no conoce la cifra de condenados en relación a la guerra.
"Todas las partes del conflicto, incluyendo el Gobierno de Eritrea (cuyas tropas son aliadas de Adís Abeba) niegan las acusaciones, lo que hace muy escasas las oportunidades de investigar y enjuiciar", lamentó Fisseha.
El Ejecutivo etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que gobernaba la región antes de estallar la guerra, aceptaron a principios de octubre una invitación de la Unión Africana (UA) para iniciar un diálogo de paz.
Hasta entonces, los rebeldes habían sido reacios a un proceso auspiciado por la UA por su desconfianza hacia su alto representante para el Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo, al considerarlo próximo al primer ministro etíope, Abiy Ahmed.
Pese a la disposición de los dos bandos a negociar, la situación sobre el terreno se ha visto marcada en las últimas semanas por un recrudecimiento del conflicto desde la reactivación de los combates el pasado 24 de agosto, que puso fin a la "tregua humanitaria indefinida" vigente desde marzo.
Los renovados combates, con los que el Ejército etíope ha tomado el control de varias ciudades tigrinas, han resultado en más muertes de civiles y de trabajadores humanitarios.
En este sentido, AI denunció este lunes el asesinato extrajudicial de al menos 40 personas, incluyendo a refugiados eritreos, a manos del Ejército de este país en la localidad de Sheraro (noroeste de Tigré) entre el 6 y el 12 de septiembre.
La guerra empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.
Miles de personas han muerto y unos dos millones se han visto desplazadas debido a la violencia, mientras el 90 % de los hogares de Tigré sufren inseguridad alimentaria, según un informe de la ONU publicado a finales de agosto.