"El avance de la minería ilegal en El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, se ha convertido en una amenaza para las defensoras y defensores de derechos humanos", denunció la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) en un comunicado enviado a EFE.
La organización señaló que su local fue atacado el pasado miércoles "por personas vinculadas a la minería ilegal" y que los líderes y lideresas awajún, de la zona amazónica del Cenepa, son amenazados de muerte "por defender su territorio de economías ilegales".
Exigió, por ese motivo, "acciones más concretas del Gobierno central y la Policía Nacional del Perú para garantizar la integridad de sus dirigentes y comunidades ante el avance de la minería ilegal".
Según su denuncia, los atacantes serían miembros de la comunidad de Suwa Pagki, presuntamente vinculados a la minería ilegal, pues recibieron amenazas desde ese lugar antes de que sus oficinas fueran quemadas, así como el espacio que funcionaba como cocina y comedor.
Otros bienes, como colchones, motosierras y aparatos tecnológicos "fueron saqueados" y también denunciaron el robo de "una fuerte suma de dinero en efectivo".
RETIENEN A DIRIGENTES
La organización agregó que en el lugar se encontraban los dirigentes awajún Augostina Mayán Apikai y Santiago Manuin Mayán, quienes fueron testigos de los ataques, se les retuvo durante varias horas y sufrieron el robo de "sus pertenencias y dinero", aunque "no sufrieron agresiones físicas".
"Pese a que horas antes alertaron sobre este ataque, ninguna autoridad acudió hasta el local de la organización para atender el conflicto", acotó.
Los indígenas agregaron que la Defensoría del Pueblo avisó del ataque a los ministerios del Interior, de Justicia y de Cultura, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros organismos estatales, "pero no se obtuvo respuesta".
La Odecofroc informó que, el pasado lunes, inició junto a varias de sus bases un bloqueo del río Cenepa "para llamar la atención de las autoridades", para que realicen más acciones de interdicción, ya que, a pesar de que la zona ha sido declarada en estado de emergencia desde junio de este año, los mineros ilegales continúan con sus actividades.
"El Estado prorrogó la ley a dos meses, por eso es garante de derecho, yo siento que este caso de interdicción va a ser más fuerte porque ya están actuando de una forma criminal y con vandalismo", señaló el presidente de Odecofroc, Hortez Baitug.
Agregó que "ya todos los ministros saben el trabajo arduo de Odecofroc para defender el medio ambiente", y a él se le ha otorgado "un mecanismo activado para personas defensoras de derechos humanos con protocolo de alerta temprana y garantías de vida".
La organización indígena señaló que "esta no es la primera vez que ocurre un ataque como este", ya que hace unos meses sufrieron el ataque de "un grupo de indígenas y personas que se dedican a la minería ilegal, que destruyeron parte de los equipos e infraestructura del local y retuvieron por horas a dirigentes de varias organizaciones", denunció.