Activistas de organizaciones que conforman la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras informaron, en un comunicado enviado a EFE, que este miércoles se reunieron frente a la sede del Congreso, donde se discute el presupuesto, para pedir que esos recursos se eleven a 70 millones de soles (17,9 millones de dólares).
Señalaron que, desde 2019, han sido asesinados 26 defensores del medio ambiente y de derechos humanos en el país andino, por lo que es necesario que el Estado proteja su integridad.
Al respecto, el activista Paul Maquet señaló que a pesar de esta situación, el Ejecutivo "apenas destina 45.000 soles (unos 11.500 dólares) para la implementación de una Mesa Intersectorial de Defensores de los Derechos Humanos" durante 2023.
Maquet aseguró que en Perú no hay una partida estatal específica para la protección de los defensores ambientales y que los instrumentos que se están implementando son recientes, como un Manual para la Protección de los Defensores Ambientales o una Mesa Intersectorial de Defensores.
"Las carencias son evidentes", sostuvo antes de reiterar que "las necesidades son apremiantes, por eso se pide un presupuesto adicional de 70 millones de soles".
De ese total, los activistas solicitan que se destinen 50 millones de soles (12,8 millones de dólares) al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, y otros 20 millones de soles al Ministerio del Interior, para la protección de los defensores ambientales.
En la protesta frente al Congreso también participó Vidal Merma, un comunicador indígena y defensor ambiental de la provincia de Espinar, en la región del Cuzco, quien aseguró que ha sido "criminalizado por difundir como las grandes empresas trasnacionales han venido atentando contra el medio ambiente".
"Afronto doce procesos penales y sufro persecución del Estado por apoyar a los hermanos que defienden sus bosques en la selva", dijo.
Merma agregó que los protectores ambientales en Perú se sienten "abandonados, en riesgo" y consideró que no tienen "ninguna garantía", por lo que muchos "fueron asesinados".
Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de la ciudad andina de La Oroya, donde se encuentra un complejo metalúrgico, pidió a las empresas y al Gobierno que respeten el medio ambiente, el derecho a la salud de las personas y los derechos laborales.
"Hemos defendido los derechos de la población, pero hemos sido hostilizados por los dueños del complejo metalúrgico por más de dos décadas por reclamar el derecho a un medio ambiente sano", añadió.
La Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras agregó que desde 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas, que incluyeron la destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.