"Se trata de un logro diplomático y legal palestino e internacional. Esta decisión histórica abrirá una nueva era para responsabilizar a Israel de su ocupación", indica un comunicado del Ministerio de Exteriores de la ANP, que agradeció a los países que votaron a favor de la resolución.
"Se hace un llamado a los países que no apoyaron la resolución a que revisen sus posiciones y cumplan con sus responsabilidades legales internacionales bajo las normas del derecho internacional", añadió.
La iniciativa, promovida por el gobierno palestino, fue aprobada el viernes por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, y solicita al máximo tribunal de Naciones Unidas que se pronuncie sobre el conflicto de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
También pide que se investiguen las medidas israelíes encaminadas a alterar la composición demográfica y el status de Jerusalén, y exige a Israel no aplicar leyes y medidas "discriminatorias".
Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la ANP, declaró en un comunicado que "la votación es una prueba de que el mundo entero está del lado del pueblo palestino y de sus derechos históricos inalienables", mientras que "ha llegado el momento de que Israel sea un Estado de derecho y rinda cuentas por sus continuos crímenes".
De su lado, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, opinó en Twitter que con esta resolución, Naciones Unidas "está ayudando a los palestinos a perjudicar a la única democracia vibrante de Oriente Medio. ¡Es absurdo!".
Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Alemania e Italia votaron en contra de la resolución.
"La ocupación colonial israelí y algunos de sus ayudantes pertenecen a la minoría inmoral de Naciones Unidas, que eluden el derecho internacional y sus instituciones", estimó el Ministerio de Exteriores de la ANP.
Señalando a Estados Unidos y Reino Unido, aseguró que los aliados de Israel "presionan y chantajean a los países para que cambien su voto, y usaron trucos baratos para desalentar a los países de asistir a la Asamblea General y votar el último día hábil del año calendario".
Los palestinos, que defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, tienen estatuto de Estado observador pero no de miembro en la ONU.
Las sentencias de la CIJ son vinculantes e influyen en la opinión pública, pero carece de mecanismos para implementar medidas.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.