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En el juicio en la División Comercial de la corte inglesa, que se prevé que dure varios días, la jueza Sara Cockerill dirimirá primero si CRF es el acreedor legítimo del BNC y de Cuba, por un monto de 72 millones de euros.
Según documentos del caso, la demanda que ahora se estudia representa una pequeña parte de los cerca de 1.500 millones de dólares en reclamaciones que CRF I adquirió a lo largo de los años en nombre de sus inversores, pero se cree que el veredicto podría extenderse a casos similares.
La suma exigida por CRF I deriva de acuerdos de préstamo entre Cuba y dos bancos europeos (Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano) suscritos en la década de los años 80 del siglo pasado, donde el banco central cubano había actuado como garante.
El BNC y el Gobierno de Cuba, que estarán personados en el proceso, defienden que CRF -que previamente trató de llegar a un acuerdo de cobro junto con otros inversores- no es su acreedor, al considerarlo un "fondo buitre".
En un comunicado del 13 de enero, el banco cubano explicaba que "los fondos buitres compran en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países, para reclamar el pago inmediato de su 100 % bajo amenaza de demanda judicial".
Precisó que este procedimiento es deuda pública porque "fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central".
Desde entonces, añade el comunicado, la entidad no tiene facultad para actuar en nombre del Gobierno cubano ni para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros.
El BNC y la República de Cuba insisten en que "jamás han desconocido sus deudas y han mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores", entre los que no incluye al fondo de inversión demandante.
En audiencias preliminares, la parte cubana presentó una estrategia, ahora retirada, para tratar de que el caso se desestimara, argumentando que hubo procedimientos ilegales en la obtención de la información que llevó a la demanda de CRF I y que un miembro del grupo sobornó a funcionarios del BNC, en concreto a Raúl Olivera Lozano, para hacerse con la deuda.
Está previsto que en el juicio londinense intervengan testigos de ambas partes, algunos de los cuales se prevé que testifiquen por videoconferencia desde Cuba, según indicaron a EFE fuentes legales.