Exfiscal presa en Guatemala atraviesa emergencia de salud sin atención médica

Ciudad de Guatemala, 7 mar (EFE).- La abogada y exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, presa en Guatemala desde hace un año, denunció este martes que su salud física está en riesgo y el Organismo Judicial ha retrasado su traslado a un hospital nacional.

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"Laparra necesita atención médica urgente porque tiene miomas (tumores uterinos) con tendencia a ser cancerígenos", declaró a EFE Wendy López, defensora de la exfiscal anticorrupción.

La exfiscal fue detenida el 23 de febrero de 2022, acusada por el exjuez Lesther Castellanos de supuestamente cometer un delito administrativo en 2018, cuando fungía como fiscal anticorrupción en Quetzaltenango (segunda ciudad del país).

López agregó que expusieron la delicada situación de salud de Laparra desde el 28 de noviembre de 2022 ante la jueza de sentencia Oly González. Sin embargo, no fue atendida por un médico hasta el 8 febrero pasado.

La abogada Laparra tiene cita médica para ser intervenida en el Hospital General San Juan de Dios el 9 de marzo y podría perderla porque el centro médico no ha enviado un informe solicitado por la jueza González para autorizar su traslado.

En febrero, representantes de Amnistía Internacional señalaron que el proceso penal contra Laparra ha estado lleno de inconsistencias y pidieron que sea liberada inmediatamente.

Según los observadores internacionales, Laparra "lideró investigaciones de corrupción a gran escala" y aseguran que la persecución en su contra es producto de haber señalado irregularidades en el actuar del juez de mayor riesgo Lesther Castellanos en 2018.

Laparra fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que entre 2015 y 2021 reveló decenas de redes criminales incrustadas en el Estado guatemalteco y entre ellas una estructura de defraudación aduanera liderada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

Alrededor de 50 personas han tenido que salir al exilio en Guatemala entre 2018 y 2023, entre jueces, fiscales y periodistas, porque aseguran ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público en venganza por su protagonismo en la lucha contra la corrupción.

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