Los impuestos reducen el margen de lucro de las compañías y podrían desincentivar las inversiones, tornando menos atractivo producir en Brasil, explicó por su parte Lívio Ribeiro, investigador del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (Ibre-FGV).
El impuesto transmite “inseguridad” al mercado, más allá del sector del crudo, dijo.
Repsol, TotalEnergies, Shell, Equinor y Galp accionaron la justicia luego de que la administración del izquierdista decidiera a finales de febrero fijar un nuevo impuesto de 9,2% sobre las exportaciones de petróleo.
Arancel por 4 meses
El arancel, con validez entre marzo y junio, fue anunciado el mismo día en que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció la reanudación parcial del cobro de impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, suspendido por el anterior gobierno de Jair Bolsonaro en pleno periodo electoral.
“Tendremos la oportunidad de atraer interesados en el refino interno” de crudo, dijo el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, al defender el arancel sobre las petroleras.
Brasil es el noveno productor global de crudo, con un promedio de 3,02 millones de barriles de crudo por día.
En el poder desde enero, Lula promueve el aumento del gasto público para financiar exitosas políticas sociales como las que marcaron sus precedentes mandatos (2003-2010) , que le permitieron sobre todo sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza.
Pero la realidad económica dista de la bonanza de entonces granjeada por el “boom” de las materias primas. La previsión de crecimiento para 2023 es endeble (+0,88), mientras las tasas de interés se sitúan entre las más altas del mundo (13,75%).
A falta de recursos, el gobierno “buscó la solución más fácil, que le permite pelearse con menos actores” , dijo la economista Juliana Inhasz, profesora de Economía del Insper.
Es una decisión “más política que económica” porque de esta forma el gobierno evita hacer pagar más caro los combustibles a los brasileños, explicó.
Con esta decisión, el gobierno encontró una forma de compensar los 6.600 millones de reales -cerca de 1.250 millones de dólares- cedidos en la recaudación de impuestos federales y asegurar “mayor equilibrio fiscal”, según Hacienda.