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Según explicó este jueves la agencia europea de coordinación policial Europol, los detenidos habrían atrapado a las mujeres en la prostitución exigiendo deudas contraídas al haberles facilitado su viaje a Europa, y se cree que las víctimas se vieron obligadas a financiar estos pagos a través de la prostitución, aunque les era prácticamente imposible reembolsar las supuestas “tarifas de servicio” porque eran “muy altas”.
“La red criminal anunciaba a las víctimas en páginas web y gestionaba centros de llamadas para conectar a las víctimas con clientes en varios países europeos”, señala Europol, que acogió a principios de marzo un encuentro de expertos en su sede en La Haya tras lo que llama “un golpe importante” a una red de tráfico de personas.
En total, las autoridades identificaron a más de 200 víctimas, aunque, en los últimos tres años, monitorearon unos 3.000 anuncios vinculados a esa red, lo que sugiere que el número real de víctimas es mucho mayor.
Durante las redadas en Bélgica y España, los investigadores localizaron una “gran cantidad de dispositivos móviles” que los sospechosos usaban para comunicarse con los clientes y enviar instrucciones a las víctima, lo que, añade Europol, revela que no hubo comunicación directa víctima-cliente y que los sospechosos pudieron mantener el control sobre las víctimas.
De esta forma, las mujeres no tenían otra opción más que aceptar a cualquier cliente y debían seguir las instrucciones enviadas por la red criminal, que les concertaba ya los servicios a prestar, la localización y el pago a recibir.
La agencia europea subraya que sus expertos han desmantelado una parte importante de esta red criminal, partiendo de la base de que el aspecto virtual era un factor facilitador relevante en el funcionamiento de los explotadores sexuales.
No obstante, Europol advierte de que “las investigaciones no han terminado aún” y se está intentando “acelerar” la búsqueda de pesquisas.
En la reunión mantenida a principios de marzo en La Haya, 15 expertos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega, Polonia, España y Suiza extrajeron decenas de terabytes de datos de cientos de dispositivos incautados a la red, un trabajo en equipo que redujo a unos días un proceso que habría llevado meses de haberse hecho en cada país de forma separada.