En una reunión celebrada en la capital india, el ministro del Interior, Amit Shah, "nos aconsejó fortalecer nuestro trabajo para lograr la paz eterna y también buscó la cooperación de todas las partes interesadas en Manipur para garantizar que la paz prevalezca en el estado", indicó Singh en un comunicado en Twitter.
Por su parte, el jefe de Gobierno de Manipur informó sobre la estado de la situación tras más de 50 días de violencia en Manipur, donde "desde el 13 de junio no se reportan víctimas por la violencia", agregó Singh.
La desescalada de violencia que experimenta el noreste del país se evidenció a principios de esta semana, cuando las autoridades relajaron el toque de queda que llevaba más de un mes en vigor.
No obstante, la zona todavía registra brotes de tensión, como el que vivió ayer el Ejército de la India, cuando se vio rodeado por una turba de entre 1.200 y 1.500 mujeres que presionaba por la liberación de una docena de militantes.
"Teniendo en cuenta la sensibilidad del uso de la fuerza contra una gran turba enfurecida liderada por mujeres y las posibles bajas debido a tal acción, se tomó la decisión de entregar los 12 oficiales al líder local", explicó el Ejército en un comunicado.
La violencia en Manipur estalló el 3 de mayo pasado, cuando una marcha de jóvenes mayoritariamente kukis, tribus concentradas mayormente en las zonas montañosas, protestó contra la solicitud de un tribunal para clasificar a la mayoría meitei, que reside en las zonas del valle del estado, como "tribales", un estatus que les permitiría extenderse en las montañas y acceder a puestos de gobierno.
Esto dio origen a un conflicto que ha enfrentado a ambos grupos tribales en los últimos cincuenta días y que ha dejado más de un centenar de muertos, según reportes de medios y organizaciones civiles, aunque el Gobierno indio no ha ofrecido un balance oficial de víctimas.
Mientras, los servicios de Internet siguen suspendidos desde el inicio de los disturbios en todo el territorio de Manipur, lo que sumado a las restricciones sobre el territorio, considerado una zona protegida, han limitado las comunicaciones y el acceso de información en tiempo real sobre lo que ocurre en la región.
De acuerdo con un balance del Gobierno, más de 50.000 personas han sido desplazadas por la violencia étnica y se encuentran actualmente alojadas en 349 campamentos de socorro.