"Como actual presidente en ejercicio de la CEDEAO estamos preocupados y seguimos de cerca la situación de los migrantes en Sfax, Túnez", declaró Embaló en su cuenta oficial de la red social Twitter.
"Esperamos que las autoridades tunecinas, como país que comparte el mismo continente, pongan fin a esta violencia contra nuestros hermanos africanos", agregó el mandatario.
La tensión en Sfax (centro-norte), segunda ciudad en importancia de Túnez y principal punto de partida de la migración irregular, ha aumentado en los últimos meses y la pasada semana centenares de habitantes salieron a las calles para protestar contra la presencia de migrantes, que consideran una "amenaza" contra su seguridad.
Dos personas murieron en el último mes por estos actos violentos, que también provocaron numerosos daños en vehículos y viviendas.
Esta ciudad se ha convertido en el principal punto de partida de las embarcaciones precarias hacia la costa italiana, situada a apenas 150 kilómetros de distancia y que ha recibido desde principios de año más de 60.000 migrantes, el noventa por ciento de ellos provenientes de Túnez y la vecina Libia, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El presidente tunecino Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- ordenó en marzo a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de migrantes subsaharianos, a los que acusó de formar parte de un complot para cambiar la identidad "arabo-musulmana" de Túnez.
Desde entonces, cientos de ellos, en su mayoría de Costa de Marfil y Guinea-Conakri, han solicitado el retorno voluntario a sus países tras perder sus trabajos -a menudo informales- y, en algunos casos, haber sido expulsados de sus viviendas por los propietarios; a lo que se suma los ataques xenófobos y las detenciones arbitrarias.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 ciudadanos subsaharianos que residen en el país sólo entre el 10 % y el 15 % no poseen una residencia legal, por lo que las ONG reclaman a las autoridades su regulación general.