"Las autoridades tunecinas están utilizando el decreto 54 para silenciar arbitrariamente las voces disidentes e independientes, en una clara violación de las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", señaló el director regional de la organización, Said Benarbia.
La Comisión se mostró profundamente preocupada por los ataques contra la independencia del poder judicial y los magistrados, que se traduce en un "alarmante" aumento de los procesos- especialmente contra letrados- y un incremento del uso de tribunales militares para juzgar a civiles por lo que recordó la importancia de la separación de poderes.
Por ello, el responsable pidió derogar este decreto y retirar los cargos contra todas las personas víctimas de este texto por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión así como una reparación por los daños sufridos durante estos procesos que, en ocasiones, implican la prisión preventiva "ilegal".
Según los resultados del informe realizado por la CIJ, en el que analiza un total de 14 casos -cuatro de ellos contra abogados-, las personas afectadas han sido objeto de hostigamiento y se ha violado la libertad de expresión y de reunión pacífica además de sus derechos civiles de libertad y seguridad.
A través del uso de la vigilancia y sanciones penales, el Ejecutivo se permite ejercer un control "injustificado" sobre lo que dice la ciudadanía, incluidos políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos, subrayó el informe, que exigió el fin de los "procesos judiciales politizados, los enjuiciamientos abusivos y todos los casos de detención arbitraria".
Desde el pasado mes de febrero las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña de detenciones contra una treintena de figuras políticas, empresarios, periodistas y jueces acusados de "complot contra la seguridad del Estado" por lo que se enfrentan, según la ley antiterrorista, a severas sentencias de prisión e incluso la pena de muerte, aunque existe una moratoria desde la década de los noventa.
La disidencia denuncia que esta persecución judicial busca paralizar las negociaciones que se llevaban a cabo para organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
El mandatario, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social", advirtió en uno de sus discursos que, "quienes exoneren" a sus opositores -que califica de "terroristas"-, serán considerados "cómplices" por lo que la sociedad civil denuncia un ataque contra la independencia judicial.