En su “Informe Semestral 2023: Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado”, la organización detalló que el mayor volumen de agresiones se centró en intimidaciones y hostigamientos con 68 casos, un cuarto del total de hechos registrados.
Le siguen el uso ilegítimo del poder público con 61 casos, equivalente al 22,43 % de todas las agresiones registradas entre el primero de enero y el 30 de junio de 2023.
Artículo 19 también recordó que en este año acontecieron los homicidios de al menos tres periodistas: Marco Aurelio Ramírez (23 de mayo), Luis Martín Sánchez (7 de julio), y Nelson Matus (15 de julio), al tiempo que se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa (6 de julio).
Entre los hallazgos, destacaron que el Estado mexicano prevalece como el principal agresor contra periodistas y medios de comunicación con un total de 140 agresiones en la primera mitad del año, es decir, uno de cada dos ataques contra la prensa.
De los tres niveles de Gobierno, los funcionarios mexicanos con rango estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23,5 %, seguido por el nivel federal con 19,4 % y en tercer lugar, lo municipal con 8,4 %.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar”, detalló la organización.
Por su parte, el crimen organizado en México contribuyó con el registro de 30 agresiones a la prensa mexicana, mientras que particulares sumaron 48 incidentes y los partidos políticos 16. Las coberturas con mayor riesgo en el periodo enero-junio de 2023 fueron las de corrupción y política, con 137 hechos, seguido de seguridad y justicia (67), protesta o movimientos sociales (29) y derechos humanos (26).
La Ciudad de México fue la entidad mexicana con mayor número de agresiones reportadas contra periodistas y medios de comunicación, con 65, un 24 % del total, con uno de los casos más emblemáticos, cuando se atacó al periodista Ciro Gómez a las afueras de su domicilio en el sur de la capital mexicana.
A esta le siguieron el estado sureño mexicano de Quintana Roo, con 21 casos; Guanajuato, con 19; Puebla, con 18, y Coahuila, con 17.
Artículo 19 acompañó su reporte con la exigencia a estados, municipios y Gobierno federal por “generar e implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación”.
Así como asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor periodística en un contexto democrático y abstenerse de estigmatizaciones, criminalización y descalificación en su contra, entre otras recomendaciones.