La reciente sentencia declaró inconstitucional la tesis jurídica que limitaba los derechos indígenas a aquellas tierras que ocupaban el día de la promulgación de la Constitución brasileña, el 5 de octubre de 1988.
En un comunicado, la oficina de Naciones Unidas aplaudió el fallo emitido por la Justicia brasileña, ya que asegura que limitar la demarcación de tal manera habría tenido consecuencias "extremadamente graves" para los derechos humanos de las comunidades indígenas, además de perpetuar las injusticias históricas sufridas por estos pueblos.
Sin embargo, el organismo de la ONU aseguró que esta decisión "no es suficiente" para proteger de manera integral los derechos de los pueblos indígenas.
"En particular, se necesita una política activa y sistémica para proteger a los pueblos indígenas de la violencia, incluida aquella ejercida por quienes invaden ilegalmente sus tierras", indicó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
Hurtado puso el ejemplo de los recientes casos de violencia infligida por mineros ilegales a los pueblos indígenas Yanomami en el estado de Roraima, territorio que fue demarcado como tierra indígena hace más de tres décadas.