El juez Arthur Engoron resolvió ayer de manera sumaria el cargo más importante del caso impulsado por la Fiscalía de Nueva York, el que acusaba a Trump y a otros socios de “fraude persistente” por inflar el valor de sus activos durante años para obtener mejores condiciones en préstamos, y restringió sus capacidades de negocio.
Este miércoles, en una audiencia, Engoron reconoció que su dictamen ha cambiado el “contorno del caso”; tanto que la defensa de Trump pidió claridad sobre las implicaciones y cuestionó el sentido de llevar a un juicio sin jurado, programado el 2 de octubre, las seis acusaciones restantes de la Fiscalía, según el canal ABC.
El magistrado ordenó “cancelar” las licencias de negocio de los acusados, incluyendo a Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, y la Organización Trump, y encargar a un supervisor independiente su disolución, pero evitó concretar el alcance de esa orden, que podría afectar a decenas de sociedades.
Los abogados de Trump han comunicado su intención de recurrir el dictamen y Trump ha intentado quitarle mérito, argumentando en un comunicado que es un veredicto “sin juicio ni jurado” fruto de una persecución política y asegurando que la mansión de Mar-a-Lago, valorada por el juez en 18 millones, vale 100 veces más.
Pero la fiscal, Letitia James, ha reiterado tras su primera victoria judicial que está determinada a continuar con el caso, y así lo transmitió hoy su equipo, puesto que en el proceso se dirimirá también la cuantía por daños que pagarán los acusados y que la autoridad cifra en 250 millones de dólares.
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